El Gobierno español presentará a principios de julio el Plan Nacional de Derechos de Emisión que debería haber entregado a la Unión Europea (UE) antes del pasado 1 de abril y que ha motivado la apertura de un procedimiento de infracción. El Ministerio de Medio Ambiente informó ayer de que este Plan, exigido por una directiva europea, constituye un elemento clave para cumplir los compromisos de España con el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es la lucha contra el cambio climático.
En su reciente visita a Bruselas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó a la comisaria del ramo, Margot Wallström, de las circunstancias especiales de nuestro país para la presentación de este documento en el tiempo establecido.
En este sentido, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo, señaló que la Comisión ha considerado «muy positivamente» el compromiso del nuevo Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto y «ha ofrecido a España toda la colaboración técnica que pueda necesitar para elaborar el Plan en un plazo tan breve». «Como es lógico -añadió-, tan pronto como se presente el Plan, la Comisión detendrá el procedimiento de infracción cuyo inicio anunció ayer la comisaria».
El nuevo Gobierno ha puesto en marcha un grupo interministerial para la lucha contra el cambio climático que trabaja con toda celeridad para cumplir este compromiso y está previsto que en breve dicho grupo reanude el contacto con los sectores implicados.
Según Gonzalo, la urgencia con la que se trabaja pretende además «eliminar cuanto antes la incertidumbre a la que hoy se enfrentan las empresas afectadas por la directiva». «La industria española necesita reglas del juego claras y conocidas con suficiente antelación para planificar sus actuaciones», concluyó Gonzalo.
Poca diligencia
Hasta el momento, los países que han presentado planes de emisiones son Alemania, Reino Unido (entre los dos representan el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE), Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Holanda, Eslovenia, Eslovaquia y Lituania.
La comisaria Wallström declaró en rueda de prensa que incluso la información suministrada por los países que han satisfecho el requisito es defectuosa o incompleta. Además, la escasa diligencia de los socios de la UE en la formalización de sus planes de emisiones está teniendo una incidencia directa en el mercado de permisos de vertido, que ha pasado de 13 euros por tonelada en enero a siete en mayo.
