Las empresas eléctricas, siderúrgicas y otras grandes consumidoras de energía en España superaron el pasado año en 8,8 millones de toneladas la cuota de dióxido de carbono (CO2) prevista en el sistema europeo de comercio de emisiones, según los datos publicados ayer por la Comisión Europea.
Bruselas dio a conocer las cantidades de CO2 emitidas en 2005 por 9.400 instalaciones de toda la UE (a falta de los datos de Chipre, Luxemburgo, Malta y Polonia) dentro del sistema de comercio de emisiones, iniciado en enero de 2005 y que se enmarca en los esfuerzos europeos para combatir el cambio climático.
Las 800 instalaciones que forman parte de ese régimen en España emitieron el pasado año 181 millones de toneladas de dióxido de carbono, superando los 172 millones de toneladas de emisiones medias anuales permitidas para el periodo 2005-2007. En total, se verificó el 99,1% de las instalaciones, según el Ejecutivo comunitario.
Junto con las del Reino Unido, Italia, Irlanda y Austria, las empresas españolas figuran entre las pocas que superaron los derechos de emisión concedidos por sus gobiernos. En el resto de países se asignaron el año pasado más cuotas de CO2 de las que fueron utilizadas, situación que analizará la Comisión para determinar si los gobiernos han sido demasiado generosos en la atribución de esos «derechos a contaminar», lo que reduciría la efectividad del sistema.
Críticas de los ecologistas
A juicio de las organizaciones ecologistas, Bruselas está permitiendo a la industria europea la producción desmedida de dióxido de carbono, «sin pagar por ello precio alguno».
En una nota conjunta remitida ayer, Greenpeace, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Amigos de la Tierra y la Red de Acción para el Clima exigen a los gobiernos de la Unión que en la próxima fase del sistema de comercio de emisiones, que cubrirá el periodo 2008-2012, mejoren sus planes nacionales de emisión de CO2, con metas más exigentes y normas «más creíbles y transparentes».
Stephan Singer, del Fondo Mundial para la Naturaleza, explica que «el mercado sólo puede funcionar y crear incentivos para industrias menos contaminantes si el total de derechos de emisión se establece a un nivel conforme con los objetivos de Kioto, permitiendo a Europa cumplir sus obligaciones internacionales».
En su opinión, «una pérdida de credibilidad en el esquema de comercio de emisiones europeo puede también dañar la credibilidad de la UE en las negociaciones de cara a las nuevas metas del Protocolo de Kioto para después de 2012», que es cuando concluye el acuerdo.
