Etiquetado ambiental: el sistema para saber si un producto es sostenible

El sector agroalimentario es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2021el 31 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provinieron de este ámbito, en el proceso que va desde el campo a la mesa. Aunque el panorama no es halagüeño, soplan vientos de cambio. De media, las emisiones mundiales anuales por persona relacionadas con los alimentos han disminuido cerca de un tercio hasta situarse en dos toneladas de CO2 en el último año.

Esto puede ser en parte gracias a que los consumidores valoran cada vez más la sostenibilidad de los productos en sus decisiones de compra. De acuerdo con el estudio ShopperView ‘Sostenibilidad, qué es y cómo afecta a los hábitos de compra’, realizado por la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC):

• el 39 % de los hogares han dejado de adquirir productos de marcas que consideran no sostenibles.
• el 41 % compra más productos de proximidad/kilómetro 0, el 29 % escoge los ecológicos.
• el 22 % se decanta por aquellos que son de origen vegetal (plant based).

Los fabricantes no son ajenos a esta tendencia. Conscientes de que la sostenibilidad es un excelente argumento de venta, optan por destacar este aspecto a través de sellos y etiquetas ambientales. Hay un auténtico boom de estos mensajes, algunos basados en criterios rigurosos, certificados por terceros independientes, y otros mucho más cuestionables, que pueden ser fruto de un simple reclamo de marketing. Según la Comisión Europea (CE), hay más de 200 etiquetas medioambientales activas en la Unión Europea y más de 450 en todo el mundo (datos 2020).

Al final, tanta variedad termina confundiendo al consumidor. “La mayoría de los consumidores, pese a estar sensibilizados con este tema, están bastante confundidos debido a la diversidad de información ambiental que actualmente existe en algunos productos”, expone Saioa Ramos, investigadora del área de Procesos Eficientes y Sostenibles de la Unidad de Investigación Alimentaria del centro científico y tecnológico AZTI.

Según el Eurobarómetro, el 59 % de los compradores piensa que las etiquetas de los productos no aportan suficiente información, mientras que el 48 % opina que no son claras. Además, aproximadamente la mitad de los consumidores europeos considera que no es fácil diferenciar entre productos respetuosos con el medio ambiente y otros que no lo son; solo alrededor de la mitad confía en las afirmaciones de los productores sobre el rendimiento medioambiental.

Para atajar el greenwashing, ese lavado de cara medioambiental de muchas empresas, el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta con la que la UE recorre el camino hacia la transición ecológica desde 2019— establece que aquellas empresas que hacen “declaraciones verdes” deben justificarlas con una metodología estándar para evaluar su impacto en el medio ambiente.

La Propuesta de Directiva Europea al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica de julio de 2022 prohíbe hacer afirmaciones ambientales vagas y genéricas, como “respetuoso con el medio ambiente”, “eco” o “verde”, cuando no se puede demostrar el excelente desempeño ambiental del producto o comerciante. También prohíbe las etiquetas de sostenibilidad voluntarias que no se estén verificadas por un tercero ni hayan sido establecidas por las autoridades.

En el sector alimentario, la estrategia ‘De la granja a la mesa’, también incluida en el Pacto Verde Europeo, indica que “la Comisión estudiará formas de armonizar las declaraciones ecológicas voluntarias y de crear un marco de etiquetado sostenible que abarque, en sinergia con otras iniciativas pertinentes, los aspectos nutricionales, climáticos, medioambientales y sociales de los productos alimenticios”.

La estrategia, por tanto, se enfrenta a un doble reto: no solo se debe determinar el impacto ambiental de los productos alimentarios para que los agentes de la cadena de valor agroalimentaria lo reduzcan, sino también se tiene que comunicar de forma clara, sencilla y estandarizada para facilitar a los consumidores la toma de decisiones en función de criterios sostenibles.

La CE puso en marcha en 2020 la consulta pública para la fundamentación de las alegaciones medioambientales con el objetivo de determinar qué metodología habría de seguirse para lograr que fuesen fiables, comparables y verificables en toda la UE. Esta consulta ha puesto de manifiesto cómo para los consumidores la Huella Ambiental del Producto (HAP o PEF, Product Environmental Footprint) es una herramienta eficaz para orientar las elecciones hacia alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

Esta metodología calcula el impacto ambiental de un producto con un análisis de su ciclo de vida (ACV), desde la extracción de las materias primas, a través de la producción y el uso, hasta la gestión de los residuos. Para ello mide 16 categorías de impacto, como, por ejemplo, el cambio climático, la escasez de agua o el uso de recursos fósiles. Esta metodología está armonizada, por lo que permite la comparación de productos de una misma categoría en toda la UE, aunque hay pocas para las que se hayan definido ya criterios de cálculo.

Tiene otros inconvenientes, especialmente para el sector agroalimentario, cuyos diferentes sistemas de producción son difíciles de estandarizar. La Huella Ambiental del Producto prioriza la eficiencia en toda la cadena de producción, pero no evidencia algunas de las interacciones con el entorno o impactos positivos que puedan tener las producciones primarias extensivas u orgánicas por falta de consenso en el método. También son reconocidas sus limitaciones en la medición de aspectos como la toxicidad humana por el uso de pesticidas o del impacto en biodiversidad.

“Es previsible que, aunque el etiquetado que fije la Comisión Europea esté basado en la huella ambiental, tengan que incorporarse criterios adicionales para una correcta evaluación del impacto de los alimentos y su alineación con su propia estrategia ‘De la granja a la mesa’, que recoge líneas de acción como reducir el uso de pesticidas, potenciar el consumo de productos ecológicos y minimizar el uso de antibióticos”, augura Cristina Rodríguez, responsable de Sostenibilidad de EROSKI.

El país europeo que más próximo está a la implementación oficial de un sistema de etiquetado medioambiental es Francia. El 20 de julio de 2021 se aprobó la Ley del Clima y la Resiliencia, un texto que estableció la necesidad de incorporar un sistema de etiquetado basado en la huella ambiental para productos alimenticios y textiles. La ley establece un máximo de cinco años para evaluar diferentes metodologías orientadas al cálculo de impactos ambientales.

En 2020 Francia abrió la convocatoria para presentar propuestas de etiquetados y la respuesta fue masiva: recibió 18 candidaturas. De ellas, dos han destacado (Eco-Score y Planet-Score) y están ya incluso en fase experimental en algunas cadenas de supermercados, por lo que se prevé que la etiqueta ambiental alimentaria sea real a corto plazo.

Además de los etiquetados basados en huella ambiental franceses, hay también otros que destacan en distintos países. Por ejemplo, en España, el centro tecnológico AZTI, junto con la Universidad de Lovaina (Bélgica), ha desarrollado Enviroscore.

Estos tres etiquetados analizan el impacto de los alimentos a lo largo de su ciclo de vida y utilizan las 16 categorías de la huella ambiental europea, que agrupan en una valoración global.

También comparten una estética similar al utilizar una gama de letras y colores, siendo la “A” (verde) el menor impacto negativo sobre el medio ambiente, y la ‘E’ (rojo-naranja), el mayor.

En teoría, todos permiten comparar productos dentro de una misma categoría y entre otras. Es decir, comparar el impacto de una manzana ecológica con otra que no lo sea, pero también con unas galletas.

Las perspectivas de enfoque son, sin embargo, distintas.

Enviroscore es el etiquetado más fiel a la huella ambiental de producto de la Comisión Europea y, por tanto, arrastra sus mismas limitaciones.

Además, requiere para el cálculo del análisis del ciclo de vida (ACV) de una gran cantidad de datos primarios, es decir, específicos del productor de ese alimento. Información sobre consumos de energía, agua, generación de residuos… de la fábrica o granjas concretas que suministran ese producto son imprescindibles para su medición. Esto hace que el resultado sea más fiel al impacto real de ese producto, pero a la vez hace más complejo el cálculo del etiquetado a distribuidores y proveedores.

En el caso de los métodos franceses, ambos parten del análisis de ciclo de vida de la base de datos Agribalyse, coordinada por la Agencia de Transición Ecológica del gobierno francés (ADEME) y por el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia (INRAE), que cuenta con más de 2.800 alimentos genéricos modelizados. Por ello, no se requieren tantos datos de los proveedores y se simplifica mucho el cálculo.

No obstante, sí se necesita alguna información específica del producto analizado, ya que incluyen un sistema de bonus-malus para poder diferenciar entre productos o abordar algunas de las limitaciones de la huella ambiental. Es decir, dan puntos positivos por características que en teoría mejoran la sostenibilidad del alimento, y negativos por las que la empeoran. Así, ambos consideran cuestiones como el origen del producto —aunque no diferencian entre un producto de km 0 y otro de origen nacional— , los materiales del envase o si tienen sello ecológico.

“Los sistemas bonus-malus son útiles parra afrontar las limitaciones de la huella ambiental de un producto, pero también debe tenerse en cuenta que su definición depende a menudo de criterios políticos, más que de decisiones científicas y, por tanto, se usan para potenciar sistemas de producción y una visión de la sostenibilidad específicos”, aclara Cristina Rodríguez.

Planet-Score es el que más criterios adicionales al análisis del ciclo de vida (ACV) considera y llega a cuantificar hasta 25 indicadores de impacto. También diferencia claramente los sistemas de producción intensivos y extensivos y otras cuestiones relacionadas con las prioridades de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, como el riesgo de deforestación en la fabricación de piensos o el impacto de pesticidas en la salud humana. Además, presenta al consumidor tres puntuaciones desglosadas de la valoración global (uso de plaguicidas, impacto en la biodiversidad y en el cambio climático), también en formato de colores y letras, así como un ranking del sistema de cría para productos de origen animal. Esto facilita la diferenciación de productos en una misma categoría, que no siempre ocurre en Eco-Score y Enviroscore, pero también hace que sea más difícil de entender por parte del consumidor.

Por el momento, Europa no ha elegido el caballo ganador. Los expertos hablan de que la etiqueta que llegará en los próximos años combinará aspectos de las tres y añadirá algún matiz o valoración. Además, faltaría también integrar en el etiquetado cuestiones como el impacto social o el bienestar animal para proporcionar una visión completa de la sostenibilidad del producto.

“Los métodos disponibles tienen sus pros y contras, por lo que es probable que aún veamos evolución en todos ellos hasta llegar al etiquetado que se imponga. Sin embargo, los consumidores nos piden ya información ambiental más completa de los productos que compran y alejada de las prácticas de greenwashing que se están dando en algunas empresas. Por tanto, seguir avanzando en la transparencia ambiental con etiquetados independientes y claros, aunque en progreso de mejora, es recomendable si queremos que la producción y consumo de alimentos sea cada vez más sostenible”, argumenta Cristina Rodríguez, responsable de Sostenibilidad de EROSKI.

Ante la proliferación de los numerosos etiquetados que crean confusión a consumidores y a la industria, Foundation Earth, organización no gubernamental involucrada en el proyecto de etiquetado ambiental, envió en junio una carta firmada por una coalición política y científica a la Comisión Europea y al Gobierno del Reino Unido pidiendo a “todas las partes interesadas que se comprometan de forma abierta, inclusiva y en colaboración para encontrar la solución óptima y armonizada para el etiquetado medioambiental de los alimentos”. En el escrito se afirma que un sistema óptimo debería “estar dirigido por una organización independiente, estar armonizado en todo el continente europeo, basarse en la huella ambiental de los productos de la Unión Europea y en los fundamentos de la evaluación del ciclo de vida, utilizar la mayor cantidad posible de datos primarios y permitir la comparación de productos a partir de datos creíbles y sólidos sobre el producto”.

La CE planea que la identificación que comunique el impacto ambiental en los productos que consumimos esté operativa en 2024. “Si la Comisión Europea no saca la etiqueta para esa fecha, el propio mercado decidirá. Ahora es el momento: los consumidores y las consumidoras lo están pidiendo, las distribuidoras se están involucrando y las empresas están apostando por la sostenibilidad”, afirma Saioa Ramos, técnica del centro tecnológico AZTI.