Desde 1971, todos los 21 de marzo se celebra el Día Mundial Forestal a instancias del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta jornada tiene como objetivo fomentar la protección y conservación de los bosques, así como concienciar sobre los problemas que afectan a estos ecosistemas.
Estos objetivos han de tenerse muy en cuenta en un país como el nuestro, que con 10 millones de hectáreas desarboladas, cifra que supera el 18% de la superficie nacional admitida como límite medioambiental, es el único de Europa con riesgo de desertificación, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA). «En España, durante los últimos 30 años, ha ardido una superficie equivalente a la Comunidad Valenciana, lo que supone más de dos millones de hectáreas de terreno arbolado, y eso hay que repararlo, porque España está al borde del desierto y éste avanza inexorablemente», explica Alejandro Valladares, decano del Colegio de Ingenieros de Montes.
Desde 1973 se ha producido una reducción en los trabajos de repoblación que han pasado de las 120.000 hectáreas anuales a las 30.000 de la última década. Una cifra muy por debajo de las 75.000 hectáreas de arbolado que cada año son pasto de las llamas. Lo que significa que si no se ponen los medios adecuados, en el plazo de 20 años desaparecerá la cuarta parte de los 13 millones de hectáreas de superficie arbolada actual y cuatro millones perderán la capacidad de sostener cualquier tipo de vegetación debido a fenómenos erosivos. Esto ocurre, en opinión de Valladares, porque en nuestro país no existe una política de reforestación, y lo único que se ha ido haciendo hasta ahora es poner parches.
El decano del Colegio de Ingenieros de Montes aboga por una política forestal seria, rigurosa y coherente, permanente en el tiempo y no supeditada a vaivenes políticos, que tenga en cuenta que nuestro medio forestal es inestable por la pobreza general de sus suelos, la pendiente del terreno, y el clima irregular y adverso. Esta política debería contemplar, según Valladares, los tres problemas graves que España enfrenta desde el punto de vista medioambiental: los incendios forestales, el avance de la desertificación, y la actuación en las cabeceras de las cuencas hidrográficas para evitar que los embalses almacenen la tierra arrastrada por la lluvia en lugar del agua.
Gestión del agua
Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales recuerda que los bosques desempeñan un papel en la regulación hídrica, en la conservación del suelo, en la calidad del agua, y en la dinámica, composición y estructura de los ecosistemas fluviales y humedales. En este contexto, pide al Gobierno que incorpore la gestión forestal a los Planes Hidrológicos de Cuenca como una herramienta de gestión del agua y de los ecosistemas que ésta soporta.
Los ingenieros forestales reclaman asimismo que los criterios de biodiversidad, multifuncionalidad y sostenibilidad de los montes sean compatibles con la planificación de uso y gestión de los recursos hídricos. Igualmente, solicitan a las comunidades que, como responsables de la gestión forestal, incorporen dentro de sus planes y programas la red de drenaje como un elemento indisolublemente ligado al monte.
Madera ilegal
En este día, la organización ecologista WWF/Adena quiere llamar la atención sobre el problema de la madera ilegal. Según sus datos, el 16% de la madera que importa nuestro país y el 3,2% de la pasta para papel y productos derivados proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas frecuentes. Este mercado, que equivale en España a unos 620 millones de euros al año, supone mundialmente pérdidas para los países productores de hasta 15.000 millones de euros.
En opinión de WWF/Adena, el comercio de madera ilegal es una de las principales amenazas para la conservación de los bosques de todo el mundo y sus valores, tales como la biodiversidad o el empleo local. Por ello, considera que es necesario establecer medidas que promuevan la gestión forestal responsable y aseguren el cumplimiento de la legislación.
En su lucha particular contra la tala ilegal, esta organización ecologista ha puesto en marcha la iniciativa «Ciudades por los bosques», mediante la que los gobiernos locales se comprometen a aplicar políticas de compra sostenible de madera y papel para evitar el consumo de productos de origen ilegal. Asimismo, WWF/Adena promueve la certificación FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), que garantiza la explotación respetuosa de los bosques.
