El Protocolo de Kyoto exige a España una notable reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el período 2008-2012. Sin embargo, las previsiones oficiales estiman que el objetivo no se cumplirá, al sobrepasarlo en más de un 35%.
Para contrarrestar este aumento, el Protocolo cuenta con los denominados «mecanismos flexibles». Por una parte, gracias al Comercio de Emisiones, los países pueden comerciar con sus unidades de emisión asignadas.
Las previsiones oficiales estiman que el objetivo de Kyoto no se cumplirá, al sobrepasarlo en más de un 35%Por otra parte, los Fondos de Carbono permiten la compra de emisiones mediante la financiación de proyectos que contribuyan a reducir las emisiones de GEI en países en vías de desarrollo y en economías en transición, a través de Mecanismos de Desarrollo Limpio y de Aplicación Conjunta. De esta manera, se invierte en estos países para que reduzcan directamente sus emisiones o bien transfiriendo tecnologías limpias que les ayuden a la absorción de los GEI y de paso a su desarrollo sostenible.
Según el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), España debe adquirir un total de 100 millones de toneladas de CO2 en derechos de emisiones hasta finales de 2007 mediante el uso de los mecanismos flexibles. Los responsables de este Ministerio han decidido cubrir 60 millones de toneladas de CO2 participando en los Fondos de Carbono de Instituciones Financieras Multilaterales.
Los Fondos de Carbono pueden ser de origen público, privado o ambos, así como de participación exclusiva o multiparticipados. Al igual que la mayoría de los países desarrollados firmantes del Protocolo, España ha constituido fondos específicos para la adquisición de derechos de emisiones:
Fondo de Carbono para Desarrollo Comunitario (CDCF): España aporta 20 millones de euros, gestionados por el Banco Mundial (BM), consiguiendo 4 millones de toneladas de CO2. Sus recursos se destinan a proyectos de pequeña escala que reducen las emisiones de GEI en las áreas rurales de los países de menores ingresos.
Fondo BioCarbono: La participación española asciende a 10 millones de euros, por el que se lograrán 2 millones de toneladas de CO2 a partir de proyectos que capturan o reducen GEI en ecosistemas forestales y agrícolas.
Fondo Español de Carbono (FEC): La canalización de recursos más importante se ha destinado a la creación de este Fondo, con 170 millones de euros. El BM gestiona este fondo en nombre de España, identificando proyectos durante el periodo 2005-2015 que permitan conseguir 34 millones de toneladas de CO2. Este Fondo permite la participación del sector privado, que podrá realizar contribuciones para conseguir derechos de emisiones de 10 millones de toneladas de CO2 adicionales.
Iniciativa Iberoamericana de Carbono (IIC): Puesto en marcha tras un acuerdo entre el MEH y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Esta institución gestionará los 47,43 millones de euros aportados por España para la compra, en nombre del Gobierno español, de 9 millones de toneladas de CO2.
Fondo Multilateral de Créditos de Carbono (MCCF en sus siglas en inglés): Creado y gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción (BERD), permite a los accionistas de ambos bancos y a las empresas europeas interesadas la adquisición de créditos de carbono. España destinará 35 millones de euros en una primera fase para adquirir 5 millones de toneladas de CO2.
Fondo de Carbono Asia Pacífico del Banco Asiático de Desarrollo: El MEH aporta 22,9 millones de euros, sumándose a los 282 millones de euros ya asignados por el Gobierno a los demás Fondos, para obtener así 54 millones de toneladas de CO2, según fuentes ministeriales.
El Comercio de Emisiones de la Unión Europea (UE) contempla un régimen sancionador para las instalaciones que no cubran sus emisiones del año anterior. Las multas suponen el pago de 40 euros por cada tonelada equivalente de CO2 emitido hasta finales de 2007, que ascenderá a 100 euros a partir de enero de 2008. El pago de la multa no exime al titular de la obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las emisiones en exceso.
En España, más de 1.200 instalaciones están afectadas por esta normativa y pueden hacer uso de los mecanismos flexibles. El segundo Plan Nacional de Asignaciones (PNA), para el período 2008-2012, asigna gratuitamente 763,37 millones de toneladas de derechos de emisión y prevé la utilización de los mecanismos flexibles para la adquisición de créditos adicionales por 289 millones de toneladas más para 2008-2012, frente a los 100 millones de toneladas del PNA anterior 2005-2007. Según los responsables institucionales, la utilización de los mecanismos flexibles representa además una excelente oportunidad para facilitar la presencia y el desarrollo de las empresas españolas en el exterior.
