La agrupación ecologista Greenpeace ha criticado a la Comisión Europea por «erosionar» las leyes relacionadas con la seguridad dentro de la Unión Europea y exponer a los estados miembros a los riesgos «irreversibles» de los organismos genéticamente modificados (OGM).
La organización ha instado a la Unión Europea y a los Estados miembros a que «adopten iniciativas» para detener la comercialización de cualquier tipo de maíz o semillas transgénicas, ya que a pesar de que Bruselas asegura tener controladas las semillas de OGM procedentes de algunas empresas, las investigaciones de Greenpeace demuestran que «no existe ningún plan de supervisión real».
El responsable de la campaña internacional de OGM de Greenpeace, Christoph Then, ha criticado que cuando «una variedad transgénica es incluida en el Catálogo Común puede ser vendida a agricultores y puede ser cultivada en muchas partes de Europa», lo cual según él es «un engaño» de la Comisión hacia los países miembros.
Monsanto
Entre las empresas que comercializan estas semillas, Greenpeace ha mencionado a Monsanto porque según la organización ecologista en un boletín de prensa de septiembre de 2004 la Comisión declaraba explícitamente que el plan de supervisión creado para la empresa cumplía todas las exigencias necesarias y era aceptado por los Estados miembros.
A pesar de ello, varios países como Dinamarca, Alemania o Austria señalaron que no existían tales planes de supervisión para este maíz que contiene una toxina denominada BT que normalmente es utilizada para proteger las plantas contra una bacteria que perfora el grano. La revisión de estas semillas de Monsanto según el plan de supervisión de 1995 sólo consideraba la posible aparición de esta toxina.
Contrariamente, Greenpeace ha declarado que hay un número «significativo» de estudios científicos que muestran «una amplia gama» de otros efectos potencialmente dañinos en estas semillas, como la acumulación de la toxina en el suelo o los efectos sobre algunas especies.
Los ecologistas han informado de que consiguieron un documento enviado vía «e-mail» entre un periodista y la entonces portavoz de la Comisión Europea para la Salud y la Protección al Consumidor, Beate Gminder. En él, y tras reiteradas demandas de un plan real de supervisión para incorporar nuevas variedades al catálogo, Gminder aseguró que ya existía ese plan de supervisión para todos los Estados miembros, aunque bajo una directiva anterior de la Unión Europea que exigía un nivel mucho menor de control.
Mientras, la ONG también ha señalado que estos datos forman parte de los manejados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el encuentro sobre OGM con expertos que se celebró recientemente en Ginebra. Según la OMC, la Comisión Europea «tiene el deber de defender la normativa legal europea y el principio preventivo para ser aplicado a la política sobre OGM». «La Comisión Europea debe actuar en Bruselas en el mismo sentido en el que se expresó en Ginebra», apunta Greenpeace. De otra forma, la política europea de seguridad «perderá su credibilidad».
Intereses
Asimismo Greenpeace ha querido dejar claro que ellos creen que Europa debe defender el entorno y a los consumidores, por encima de los intereses de las grandes multinacionales como Monsanto. Concretamente el experto en OGM de Greenpeace Internacional, Daniel Mittler, ha señalado que «mientras la Comisión no actúe, los Estados miembros no pueden detener la comercialización de estas semillas por propia iniciativa».
Además la organización ha dejado claro que «mientras la Unión Europea no sea capaz de establecer criterios suficientes para la evaluación de los riesgo de los OGM, imponer reglas para la coexistencia y la regulación coherente en materia de control, Greenpeace seguirá pidiendo una amplia iniciativa europea en este sentido».
