Las Palmas de Gran Canaria es una de las puertas de entrada a Europa de las capturas de las flotas pesqueras piratas que operan en aguas africanas, según Greenpeace. Activistas de esta organización bloquearon en abril de 2006 la descarga del pescado transportado por el buque «Binar 4» en el puerto de Las Palmas después de observar su participación en un trasbordo ilegal de pescado capturado en aguas de Guinea Conakry.
Según un informe de Greenpeace, el 50% de los barcos que faenan en aguas de ese país pescan de forma ilegal o están vinculados a actividades ilegales. Los pescadores locales están perdiendo su única fuente de ingresos y muchas veces incluso sus vidas cuando los arrastreros entran en las zonas reservadas para la pesca artesanal. Las autoridades de Guinea no tienen capacidad para combatir a estos piratas, que algunas veces pescan a tan sólo dos millas de la costa.
«El informe explica la forma en que estas flotas piratas operan y analiza el conjunto de medidas necesarias para que España y Europa impidan la entrada de pescado ilegal en nuestros mercados. Se trata de una muestra de lo que sucede todos los días en aguas de algunos de los países más pobres del continente africano. También de lo que podría hacer la comunidad internacional si se decidiera a colaborar más activamente con estos países para poner fin a la lacra de la pesca ilegal», declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.
Globalmente, el valor de la pesca ilegal ha sido estimado recientemente en entre 4.000 y 9.000 millones de dólares anuales, el 20% del valor de la captura pesquera mundial. Se estima que tan sólo en el África subsahariana supone 1.000 millones de dólares anuales.
«Las medidas necesarias para erradicar el problema son conocidas. Son necesarias acciones concertadas a todos los niveles, desde la red en el agua a las estanterías de los supermercados», apuntó Losada.
Lista negra
Greenpeace aboga por crear una «lista negra» centralizada y públicamente accesible de buques de pesca y compañías que atentan contra las medidas de conservación, así como desarrollar mecanismos de control legalmente vinculantes que contrarresten los efectos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Apuesta además por la prohibición de los trasbordos en el mar excepto en áreas específicamente designadas al efecto y que estén estrechamente controlados y supervisados en tiempo real por una autoridad competente.
Finalmente, la organización subraya la importancia de una promoción de enfoques regionales al problema de la pesca ilegal que tengan en cuenta las características particulares de los países en desarrollo.
