Greenpeace presentó ayer sus alegaciones al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 (PNA) elaborado por el Gobierno. Entre otras cosas, la organización ecologista propone quitar la asignación al sector eléctrico, que, según el PNA, puede emitir 54 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Este plan fija las cantidades de CO2 que podrá emitir el sector energético e industrial en el periodo 2008-2012. En concreto, permite hasta 152,6 millones de toneladas de CO2, con lo que España llegaría a 2012 superando en un 37% las emisiones de 1990, cuando el Protocolo de Kioto sólo permite aumentar el nivel de ese año en un 15%.
Por tanto, Greenpeace considera que el Gobierno «ha abandonado el objetivo de reducir las emisiones» y pretende cumplir con Kioto a costa de utilizar los mecanismos de flexibilidad «muy por encima de la media europea». Es decir, en lugar de reducir las emisiones en casa, se invierte en terceros países o en el comercio de emisiones para restar dígitos de esa cuenta de contaminación.
La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconocía cuando presentó el borrador del PNA que cumplir con el Protocolo de Kioto tendrá un coste para nuestro país estimado entre 2.228 y 3.067 millones de euros.
Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, dice que hay que tener en cuenta que la asignación de estos derechos es gratuita, por lo que no se favorece el cumplimiento de la premisa «quien contamina paga». En este sentido, advierte de que «regalar derechos significa subvencionar a las industrias», cuando éstas, en referencia al sector eléctrico, luego traspasan el coste a sus clientes en la factura. De esta forma, España «no está en la ruta de reducción» para alcanzar los objetivos de la UE de rebajar en un 30% en 2020 y en un 80% en 2050 las emisiones contaminantes.
