El último informe realizado por expertos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el accidente ocurrido en Palomares (Almería) en 1966 revela que la contaminación derivada del suceso «no ha tenido incidencia sobre la salud de los habitantes de la zona afectada», aunque algunas personas «recibieron un cierto nivel de dosis interna», fundamentalmente aquellas que «estuvieron expuestas directamente a los aerosoles del accidente durante los momentos iniciales y la ejecución de las operaciones inmediatas de recuperación». Este documento sobre la situación radiológica de la zona de Palomares se ha realizado a petición del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), antigua Junta de Energía Nuclear.
En sus conclusiones se reconoce que «los continuos y profundos cambios socioeconómicos que está experimentando la comarca de Palomares, modifican la situación radiológica del accidente». En este sentido, el documento destaca que «la reducción progresiva del tamaño de las partículas de óxido de plutonio aumenta su movilidad y la probabilidad de resuspensión, con lo que se incrementaría el riesgo de incorporación por inhalación, especialmente si se llevan a cabo movimientos de tierras».
La alerta en el Ciemat se produjo cuando tuvieron conocimiento de que se iban a desarrollar actividades urbanísticas y agrícolas en la zona donde cayeron las bombas, tras el accidente ocurrido hace ahora más de treinta y seis años.
El 17 de enero de 1966 un «B-52» de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos colisionó con un avión nodriza «KC-135» sobre las costas de Almería, durante una operación de carga de combustible en vuelo. El bombardero transportaba cuatro bombas termonucleares que se desprendieron y cayeron sobre la zona. Una de ellas se recogió intacta en tierra, otras dos chocaron violentamente contra el suelo por un fallo en la apertura de los paracaídas y la cuarta se precipitó sobre el mar, pudiendo ser recuperada semanas después. Como consecuencia del impacto de dos de las bombas sobre el suelo, detonó el explosivo convencional que equipaba estos artefactos y entró en ignición parte de su núcleo, formándose un aerosol de plutonio que se dispersó por la acción del viento y contaminó la zona de Palomares y sus alrededores, en el municipio almeriense de Cuevas de Almanzora.
Aerosol de plutonio
Una de estas dos bombas impactó en una pequeña vaguada de escaso interés agrícola, situada en el término municipal de Vera. El aerosol de plutonio generado en el impacto se desplazó hacia el pueblo de Palomares y se depositó sobre una zona cultivada. El otro artefacto cayó en el cauce de una rambla que se encuentra habitualmente seca y que discurre próxima al pueblo por la zona este. El aerosol que produjo se dirigió hace una zona de cultivos de regadío, fuera del núcleo urbano.
Tras el accidente y bajo la dirección de las Fuerzas Armadas estadounidenses, se llevó a cabo una operación para retirar el plutonio y descontaminar los terrenos afectados. Una vez concluida esta operación, la Junta de Energía Nuclear (ahora Ciemat), en colaboración con el Departamento de Energía de Estados Unidos, puso en marcha un programa de seguimiento radiológico de la población y de las áreas afectadas, que continúa realizándose en la actualidad.
Los resultados de este programa de seguimiento radiológico muestran, según el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que «existe contaminación residual en la zona, observándose los mayores índices en una parte del término municipal de Vera y en las proximidades de Palomares. Según las conclusiones del programa de seguimiento sanitario, «el accidente no ha tenido incidencia en la salud de los habitantes de Palomares, aunque en algunos de ellos se detectó la incorporación de plutonio en la fase inmediatamente posterior al accidente, en cantidades inferiores a las que pueden producir daño biológico».
Estrategias de intervención
Hace más de dos años, el Ciemat informó al Consejo de Seguridad Nuclear que había reevaluado el inventario de plutonio remanente de la zona de Vera, concluyendo que en ese área queda más plutonio del que se había estimado inicialmente. También documentó la existencia de dos zanjas enterradas en la misma zona que contenían materiales contaminados de la colisión de los dos aviones, «cuya actividad no se había incluido en el inventario porque no había sido posible obtener una valoración exacta de la misma». Ante esto, el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas consideraba que había que intensificar la investigación en esa zona para evaluar posibles estrategias de intervención, con el fin de controlar los niveles de exposición derivados de la contaminación remanente.
A raíz de esta situación, los especialistas del CSN tuvieron constancia de que los propietarios de los terrenos situados en Vera estaban considerando la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas o promover la utilización de suelo con fines urbanísticos.
A partir de ese momento, se barajaron diversas posibilidades de actuación, tras informar al Ministerio de Industria y Energía y, posteriormente, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una de las alternativas era que la Administración adquiriera los terrenos para establecer allí un área de investigación, pero las conversaciones con los propietarios no llegaron a ningún fin, ya que se trataba de una expropiación de terrenos.
El informe del Consejo de Seguridad Nuclear especifica en sus conclusiones que «la desintegración de plutonio en americio aumenta el nivel de exposición a la radiación que procede directamente de la contaminación del suelo, con lo que el incremento de la presencia de personas en las zonas contaminadas podría dar lugar al aumento de las dosis externas».
Control radiológico
A tenor de lo expuesto, el CSN considera que se debe restringir el uso de la zona del término municipal de Vera, en la que cayó una de las bombas termonucleares, «impidiendo las actividades agrícolas y urbanísticas y, en general, todas aquellas que pudieran dar lugar a la remoción de tierras sin un control radiológico específico».
Este organismo apuesta por un plan extensivo de actualización de la situación radiológica de toda la zona afectada por el accidente para, en el plazo de seis meses, disponer de un plano de contaminación superficial del área afectada y de las zonas colindantes, así como un plano de la contaminación del subsuelo en el que cayeron las dos bombas termonucleares, «con el detalle suficiente para valorar el inventario total de actividad remanente en ambas zonas».
Paralelamente, el Consejo de Seguridad Nuclear considera necesario que se continúe con el programa de control sanitario y radiológico que se lleva a cabo desde 1966, teniendo en cuenta que las prácticas agrícolas que se desarrollan en la comarca de Palomares modifican de forma permanente la zona afectada por el accidente.
Finalmente, el CSN es partidario de establecer en esa zona un centro de investigación nuclear, ya que ofrece condiciones para estudiar los radionucleidos en la biosfera. En este sentido, considera «del máximo interés que se analice la posibilidad de establecer un programa de investigación, dedicado fundamentalmente a este tipo de estudios que, además, redundará en el control de la situación radiológica del área afectada».
