Las catástrofes naturales generarán un impacto de 95.000 millones de euros en España entre 1986 y 2016, en una hipótesis de riesgo medio, según un informe del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), que pide que las legislaciones autonómicas obliguen a realizar mapas de riesgos naturales con el objetivo de evitar catástrofes. El presidente del ICOG, Luis Suárez, apostó por informar y educar a los ciudadanos sobre cómo actuar en caso de catástrofes naturales y propuso que las leyes del suelo autonómicas incluyan lo que ya exige la Ley del Suelo estatal, por la que es obligatorio realizar mapas de riesgos naturales en los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU), con el objetivo de evitar catástrofes naturales que puedan provocar daños materiales y humanos en el futuro.
En unas jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Suárez lamentó que, pese a ser un requisito estatal y haber una guía metodológica para elaborar cartografías de riesgos naturales en España, los mapas de riesgos naturales todavía no forman parte de las diferentes legislaciones autonómicas y, por lo tanto, no se tienen en cuenta al diseñar planes generales de ordenación urbana. Por eso, insistió en que España no está exenta de catástrofes naturales, y que, aunque los terremotos y las erupciones volcánicas son «poco habituales», recordó que las inundaciones provocan «cuantiosas pérdidas» en todo el territorio español cada año, «en muchos casos por establecer construcciones en lugares que no deberían urbanizarse».
Por lo que se refiere al impacto, según el Informe Económico y Social de los riesgos geológicos en España, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 1987, se prevé que en el caso de inundaciones las pérdidas podrían ascender a más de 55.000 millones de euros entre 1986 y 2016, es decir, más de la mitad de las pérdidas económicas totales (95.000 millones de euros). El documento, actualizado a 2010, apunta que el coste medio de los riegos geológicos por persona en España asciende de 160 a 250 euros por persona al año, es decir más o menos el 2% de los Presupuestos del Estado.
«Los ciudadanos españoles no se resignan a ver las catástrofes naturales como algo impredecible e imposible de evitar y reclaman soluciones», insistió Suárez. En ese sentido, recordó que un terremoto o una inundación no se pueden evitar, pero sí que afecte a las personas y provoque grandes daños materiales. Por eso, Suárez calificó de «esenciales» los mapas de riesgos naturales para la zonificación del territorio, en los que se determinan los riesgos más probables en cada zona y las medidas a tener en cuenta, tanto preventivas como correctivas. Estos mapas, según explicó, son de utilidad para planificar los usos de los terrenos, ya que establecen al menos tres niveles de peligrosidad en función del riesgo natural al que están expuestos. También sirven para diseñar planes de protección civil frente a catástrofes naturales y para establecer sistemas de vigilancia y alerta.
