Las Cortes Generales aprobaban recientemente el texto legal que incorpora al ordenamiento jurídico español el Convenio internacional de Aarhus, así como las Directivas 2003/3 y 2003/35. De esta manera, los ciudadanos podrán ser aún más ecologistas, puesto que la nueva ley promueve la información, la participación en las decisiones públicas y el acceso a la justicia en todo lo relacionado con el medio ambiente.
La ley «Aarhus» reconoce el derecho del ciudadano a solicitar información ambiental y a ser atendido por las administraciones públicas, que a su vez deben difundir a la opinión pública todos los datos relevantes por iniciativa propia. Para ello, se impone un plazo máximo de un mes; dos como máximo si se trata de un asunto de gran complejidad. Si una institución recibe una petición de información que no puede atender, deberá remitir al solicitante lo antes posible a la entidad que considere capacitada para ello. La ley también establece que al menos una vez cada 4 años deberá publicarse un informe sobre el estado del medio ambiente europeo. Asimismo, el texto legal apuesta por las nuevas tecnologías para dicha labor de difusión.
Los ciudadanos amplían sus opciones de participar en las decisiones públicasLos ciudadanos también amplían con esta ley sus opciones de participar en las decisiones públicas. Las administraciones tendrán a partir de ahora que ofrecer plazos suficientes para la elaboración de propuestas y tomar en consideración las observaciones presentadas. Las ONG cobran en esta materia un papel fundamental, puesto que podrán actuar como titulares de los intereses colectivos en los procedimientos administrativos relacionados con el medio ambiente.
En cuanto a la garantía que dispensa la tutela judicial y administrativa, se reconoce el derecho a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y de participación ciudadana en materia de medio ambiente. Las ONG salen también beneficiadas en este apartado, al reconocérseles la acción popular para impugnar cualquier decisión u omisión pública que suponga un incumplimiento de la legislación ambiental. No obstante, este último apartado de la ley no entrará en vigor hasta dentro de tres meses.
Por su parte, el Parlamento europeo podrá presionar a las instituciones para que se adapten a la nueva normativa, para lo que cuentan con nueve meses desde que la ley se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 20 de julio. La aprobación de este texto legal había venido reclamándose por parte de las organizaciones ecologistas desde que el citado Convenio se ratificara en 1998. Ecologistas en Acción ha destacado las principales novedades que supone esta ley para defender el medio ambiente, pero ha criticado su falta de ambición a la hora de que los ciudadanos puedan llevar a la práctica su participación pública. Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente han afirmado que esta nueva ley supone un avance significativo del sistema democrático, ya que reducirá la indefensión de los ciudadanos ante decisiones que afectan al medio ambiente y, por tanto, a su salud y a su calidad de vida.
La ciudad danesa de Aarhus fue el lugar elegido para firmar el 25 de junio de 1998 el “Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente”. Se trata de un Convenio Internacional adoptado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE en sus siglas en inglés) que entraba en vigor en octubre de 2001, y ha sido firmado por 40 países.
El Convenio de Aarhus promueve una serie de mecanismos para garantizar la participación en los asuntos ambientales y eliminar los obstáculos que la dificulten. Según sus responsables, la información y la participación ciudadana son claves para que las autoridades públicas puedan tomar mejores decisiones en materia medioambiental. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha declarado que aunque se trata de un convenio regional, su relevancia es global, al desarrollar el principio 10 de la Declaración de Río, que subraya la necesidad de la participación ciudadana en los temas medioambientales.
