El fin de los plásticos de un solo uso está cerca. A las medidas tomadas años atrás, como el cobro por las bolsas en supermercados y otros comercios, ahora se suman nuevos esfuerzos enfocados en prevenir y reducir la generación de residuos y su impacto en el medio ambiente. Se trata del proyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una propuesta que pone límite por primera vez a la utilización de plásticos de un solo uso en ciertos ámbitos, como el de la alimentación, e incorpora restricciones a su venta. Además, fija objetivos para su reciclaje, como la recogida separada de botellas de plástico, al igual que ya ocurre con el vidrio, el papel y otros envases.
La Ley de Residuos es un nuevo paso para actuar ante un problema cada vez más urgente: si todo sigue como hasta ahora, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar, según un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura) sobre la presencia de microplásticos.
Impuesto a los envases plásticos
Tocar el bolsillo de los consumidores y de los fabricantes parece ser una opción eficaz para disminuir el consumo de plástico. Por eso, una de las medidas clave de este proyecto de ley, en trámite aún para su aprobación final, es un impuesto de 0,45 euros por kilogramo a los envases de plástico no reutilizables. “Este impuesto está concebido para que lo paguen los fabricantes, pero seguramente estos incorporarán el coste del tributo al precio para recuperarlo. O bien tendrán que recortar su margen de beneficio”, explica Luis del Amo, portavoz del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Como ocurre con otros impuestos medioambientales, la tasa al plástico tiene dos finalidades. “Una es la habitual, es decir, la recaudatoria, y la otra es la de proteger el planeta al incorporar en el precio el coste ambiental del uso de plástico”, matiza Del Amo. Es decir, a los fabricantes les saldrá más caro producir y vender sus productos en plásticos no reutilizables, por lo que disminuirán la cantidad y buscarán alternativas, como el uso de plástico reciclado –al que no se aplica este gravamen– o la utilización de nuevos materiales más sostenibles. Pero, además, una parte de la recaudación repercutirá en mejoras ambientales, lo que beneficia a la sociedad y reduce otros costes asociados.
Con esta tasa, similar a la que se pretende implantar en otros países como Reino Unido o Italia, el Gobierno prevé recaudar unos 700 millones de euros y aumentar la fiscalidad ambiental de España, más baja que la media de los países de la Unión Europea (UE). En concreto, los ingresos derivados de la fiscalidad verde apenas supusieron el 1,83 % del PIB español en 2017, frente a una media de la UE del 2,40 %.
Imagen: congerdesign
No más bastoncillos ni pajitas de plástico
Junto a este gravamen, el proyecto de ley incluye también otras medidas que es importante conocer. El 3 de julio de 2021 será una fecha clave en esta batalla contra el plástico de un solo uso, pues se prohibirá la introducción en el mercado de una serie de productos:
- bastoncillos de algodón, permitidos solo en el ámbito sanitario.
- cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos).
- platos.
- pajitas y agitadores de bebidas.
- palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, excepto aquellos con usos industriales o profesionales que no se distribuyen a los consumidores.
- recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
Los nuevos retos de las empresas contra el plástico
Además, la meta es reducir los envases de plástico no reutilizables en un 50 % para 2026 y en un 70 % para 2030, tomando como punto de partida el año 2022. Para cumplir con estos objetivos, todos los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de componentes distintos al plástico. “Las empresas se han adelantado en determinados asuntos a la nueva medida, al sustituir los materiales por otros con mejor reutilización y reciclado”, explican fuentes de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).
No obstante, admiten nuevos retos que implican un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos marcados desde el Gobierno y la UE. Por ejemplo, “hay obligaciones y calendarios distintos en función de cada comunidad autónoma, lo que complica poder trabajar de forma armonizada”, matizan.
Reducir el grosor de los envases o sustituirlos por materiales reciclados o más sostenibles que el plástico son algunas de las medidas que las cadenas de distribución ya llevan a cabo. Como cuenta ACES, que agrupa a más de 3.300 establecimientos en toda España, “se analiza cada envase caso por caso para detectar y poner solución a excesos de envasado o para encontrar materiales compostables o biodegradables”. Sin embargo, esta sustitución de un material por otro no siempre resulta sencilla, pues “el producto debe llegar al consumidor con todas las garantías y seguridades”.
A esto se suma una legislación sanitaria “compleja y lenta a la hora de autorizar determinados usos y materiales, como ocurre con la introducción del material reciclado”, aseguran en la asociación. Además, al coste de los materiales compostables “hay que añadir el del punto verde asociado para su recogida y gestión posterior”, lo que podría llegar a afectar al precio de determinados productos en los que ese cambio de material sea más complicado de llevar a cabo. En cualquier caso, a partir de 2023, cada envase de plástico con comida o bebida se cobrará a los consumidores, diferenciado en el tique de compra.
Cosmética sin plásticos
Pero hay más cambios por llegar. A nivel europeo, se trabaja en la prohibición del uso de microesferas de plástico en los cosméticos. Estas diminutas bolitas plásticas están presentes en muchos productos cotidianos de forma intencionada, como en la pasta de dientes, champús, geles para la exfoliación de la piel e incluso detergentes. Su eficacia para arrastrar suciedad e impurezas no justifica su presencia, pues tiene un gran impacto en el medio ambiente. La mayoría de las veces, estos productos acaban llegando al mar a través de los desagu?es y, aunque por su tamaño no provocan atragantamiento a la fauna marina ni atascos en las tuberías, su presencia a gran escala sí puede causar intoxicaciones.
Por otro lado, desde julio de 2021 no podrán comercializarse los productos de plástico oxodegradable. Este material –que se utiliza, por ejemplo, para hacer bolsas–, aunque es degradable, incluye aditivos químicos que aceleran el proceso, de forma que su reciclaje se encuentra en una especie de limbo al no resultar adecuado ni para el reciclaje tradicional ni para su compostaje. De hecho, aún no queda claro su impacto en el medio ambiente, pues los expertos tienen dudas sobre si verdaderamente se degradan y sobre las consecuencias de los aditivos.
Por último, este año las toallitas húmedas estrenan etiquetado. Este cambio está vinculado con la llamada “responsabilidad del fabricante”. Para garantizar la correcta gestión al fin de su ciclo de vida, deberán incluir en el etiquetado advertencias sobre su impacto medioambiental y su contenido de plásticos. Este etiquetado se incluirá, además, en otros productos de uso común como las compresas higiénicas.
Otras medidas para detener la plaga de plástico
Asimismo, veremos menos botellas de este material. De hecho, la Ley de Residuos obliga a ofrecer agua gratis del grifo en los restaurantes y bares para disminuir el consumo de agua envasada. Además, propone la recogida separada de las botellas de plástico. En cifras, los objetivos de esta medida son la recogida del 77 % a partir de 2025, y del 90 % a partir de 2029. Sin embargo, alcanzarlos no será tarea fácil y obligará a mejorar el sistema actual de recogida o a establecer otras alternativas.
Ecoembes, responsable en España del reciclaje de los envases de plástico y del papel, ya promueve una iniciativa, llamada Reciclos, que incorpora la tecnología móvil y el big data a la gestión de los residuos y gratifica su reciclaje. A través de una app, los usuarios escanean los códigos de los envases y consiguen descuentos en movilidad verde, consumo de proximidad o ayudas a ONG. Esta iniciativa aprovecha los contenedores amarillos que ya se utilizan. Por eso, organismos como Ecoembes y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) lo consideran como la opción más eficiente.
Otras organizaciones optan por recuperar la posibilidad de devolver el envase usado a la tienda como se hacía años atrás. Es el llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido por sus siglas, SDDR. En este método de gestión de residuos, los responsables de poner en el mercado los envases cobran un depósito por cada uno a los demás agentes de la cadena: desde los distribuidores hasta el consumidor final. Es decir, al adquirir el producto, el usuario paga un extra por el envase, que se recupera si lo lleva a la máquina de devolución. Este sistema penaliza al consumidor que no recicla, frente a la opción de Reciclos, que premia al que sí lo hace.
