El reglamento para el registro, evaluación, autorización y restricción de químicos (REACH, sus siglas en inglés) no garantiza la protección frente a estos productos, pese a que contiene algunas mejoras. Así lo piensan las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Ecologistas en Acción y Greenpeace, que han rechazado el texto aprobado el miércoles por el Parlamento Europeo.
Entre las nuevas medidas adoptadas, las empresas deberán aportar datos respecto a los impactos sobre la salud y el medio ambiente de las sustancias químicas que importen o produzcan en grandes cantidades. Además, la nueva legislación contiene un mecanismo que obliga a sustituir los químicos persistentes y bioacumulativos siempre y cuando existan alternativas más seguras.
Los ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre la presencia de determinadas sustancias químicas perniciosas en artículos de consumo. Antes, las empresas podían poner en el mercado cualquier químico sin suministrar información sobre su impacto en la salud o el medio ambiente.
Entre lo negativo de esta normativa, los ecologistas dicen que existen algunos vacíos legales que permiten el uso continuado de muchas sustancias que son cancerígenas, provocan defectos congénitos, enfermedades reproductivas… Otra concesión para la industria ha sido excluir la exigencia de aportar datos significativos de seguridad a aquellas empresas que producen e importan sustancias químicas por debajo de 10 toneladas al año, es decir, el 60% de los productos que entran en el REACH.
Agencia Química Europea
En los próximos años, los políticos europeos necesitarán realizar un seguimiento minucioso de la puesta en marcha de la nueva ley y de la Agencia Química Europea, que se creará para asegurar la protección efectiva de la ciudadanía frente a los químicos más peligrosos.
Por otro lado, muchas sustancias «extremadamente preocupantes» quedarán autorizadas en el mercado si los productores afirman que la exposición a ellas puede ser «controlada adecuadamente». Pero el enfoque de «control adecuado» no asegura la protección, ya que el ciudadano no se expone a una sola sustancia, sino a un cóctel que puede tener un efecto combinado que se desconoce, advierten las organizaciones.
Finalmente, señalan que el REACH deja en manos de las industrias la posibilidad de ignorar una alternativa más segura a las sustancias existentes y no verse obligadas a presentar un plan de sustitución.
