El pacto sobre el controvertido reglamento para el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas (REACH) alcanzado ayer por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo ha levantado las críticas de los defensores del medio ambiente, que afirman que permitirá el uso de gran cantidad de productos de alto riesgo.
En sus términos finales, el reglamento ya no obliga a los fabricantes a reemplazar las sustancias de toxicidad probada por alternativas más seguras en un plazo máximo de cinco años, como había reclamado el Parlamento en su primera lectura. Así, esas sustancias podrán seguir en el mercado si están «controladas adecuadamente».
Los fabricantes deberán elaborar «planes de sustitución», si existen alternativas seguras, o «planes de investigación», si no las hay, solamente en el caso de productos particularmente nocivos -cancerígenos, persistentes, bioacumulativos-, pero sin plazo para ello.
Rendición a la industria
Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF, entre otros grupos ecologistas, consideran el acuerdo alcanzado como una rendición a la industria. «Si resulta aprobado por el pleno del Parlamento, el acuerdo permitirá que sustancias muy nocivas, incluidas las cancerígenas o las que afectan a la salud reproductiva, sigan en los productos de consumo, incluso si hay alternativas más seguras», señalan en un comunicado conjunto.
La Comisión Europea, por su parte, cree que el texto final, que será votado por el Parlamento Europeo el próximo 13 de diciembre, sigue suponiendo una «mejora» respecto a la situación actual.
El objetivo de fondo es prevenir los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de unas 30.000 sustancias presentes en productos de uso cotidiano como cosméticos, plásticos o material de oficina.
La novedad es que serán las empresas, y no las autoridades sanitarias, las que deberán demostrar la seguridad de las sustancias que comercializan. El organismo encargado de autorizar o no cada sustancia será la futura Agencia Europea de Productos Químicos, con sede en Helsinki (Finlandia).
