Los ecologistas, que denunciaron a la Junta de Castilla y León por usar veneno en marzo para combatir la entonces incipiente plaga de topillos niegan que tengan ninguna responsabilidad en la actual situación, ya que el uso de estos productos es inútil y dañino para el medio ambiente.
«El veneno empleado en los primeros meses de este año para intentar acabar con la plaga de roedores, la clorofacinona, posteriormente prohibido, conlleva un enorme impacto en la salud y el medio ambiente», según Fernando Jubete, portavoz de la plataforma ecologista que han constituido en la zona SEO/BirdLife, WWF/Adena, Fundación Global Nature y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones.
La Junta de Castilla y León decidió dejar de utilizar el veneno a finales de marzo, pero ahora, cuando se estima en varios millones la población de topillos, ha anunciado que distribuirá de nuevo clorofacinona por las cunetas de más de 30.000 kilómetros de caminos y veredas, con lo que espera acabar con el 95% de la plaga.
Los afectados por la plaga y, en concreto, la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) han culpado en reiteradas ocasiones a la Administración autonómica por haber cedido en marzo ante la presión de los grupos ecologistas y haber prohibido el uso del veneno que, en su opinión, podría haber solucionado la crisis antes de que alcanzara la magnitud actual.
