Los fabricantes de electrodomésticos solamente deberán recoger para su reciclado los aparatos de su propia marca, según la nueva directiva europea sobre reciclaje de productos eléctricos y electrónicos, que acaba de superar el trámite parlamentario y que ya sólo está pendiente de su conciliación con el Consejo Europeo.
El texto exime de responsabilidad a los fabricantes sobre la recogida de los aparatos que introduzcan en el mercado los importadores y establece un objetivo mínimo anual de recogida de 6.000 kilogramos por hogar a partir de 2006.
Según la eurodiputada del PP en la comisión de Medio Ambiente, Cristina García-Orcoyen, «la normativa será debatida por el Consejo de Ministros en uno o dos meses y, probablemente, se publicará a finales de este año o principios del que viene».
En opinión de García-Orcoyen, el punto más conflictivo del texto es el objetivo de volumen de recogida y reciclado. Mientras que el Parlamento Europeo pretende 6.000 kilogramos por hogar al año y que este objetivo sea vinculante a partir de 2006, el Consejo se inclina por establecer un objetivo simplemente indicativo de 4.000 kilos anuales por hogar.
El subdirector de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (Aniel), Edmundo Fernández Puértolas, cree que el Consejo no aceptará algunas de las propuestas del Parlamento y la directiva llegará al comité de recursos. Puértolas critica los cálculos que hace la Comisión sobre los costes que asumiría el fabricante de recogida y reciclaje (entre 1% y el 3% sobre el precio de venta al público por aparato), porque Aniel maneja otras estimaciones: desde menos del 1% para los móviles a más de un 25% para un televisor de 14 pulgadas.
«Huérfanos»
El subdirector de Aniel también se muestra escéptico acerca de las posibilidades de implantar la enmienda parlamentaria a la directiva que establece el compromiso para que cada Estado miembro imponga una tasa a los importadores de aparatos de marcas poco conocidas (llamados «huérfanos»), a fin de garantizar la financiación de su recogida y reciclaje. El texto original de la propuesta de directiva pretendía que los fabricantes se hicieran cargo de los aparatos «huérfanos», además de los de empresas ya liquidadas.
Puértolas aboga por que los fabricantes «se adhieran voluntariamente a sistemas de responsabilidad colectivos para recoger y reciclar los aparatos de sus propias marcas» y que en el precio del aparato se informe al consumidor del coste de éste y otros cánones, como los del sistema de recogida de envases (Punto Verde) o los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, hay algunos fabricantes, como Ericsson, que son partidarios de que haya únicamente una responsabilidad para incentivar el diseño de productos más ecológicos. Según Ramón Arratia, responsable de medio ambiente del fabricante sueco de equipos de telefonía móvil, con la nueva directiva sus productos se encarecerán entre un 2% y un 5%.
La industria europea estima que la norma le supondrá unos gastos de 7.500 millones de euros al año, pero la Unión Europea los rebaja hasta 1.000 millones.
