Los trabajadores de las instalaciones nucleares deberán denunciar los problemas de seguridad que conozcan. Esta obligación se incluirá expresamente en el nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), informó ayer Greenpeace, que asegura que el Consejo de Estado le ha dado la razón en este asunto frente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Industria.
La organización ecologista explica que en noviembre el Parlamento aprobó la nueva Ley 33/2007 de reforma del CSN, que incluye la obligación de los trabajadores de las centrales nucleares de poner en conocimiento de los titulares y, si estos no toman medidas, del órgano regulador, las deficiencias en la seguridad que detecten.
Sin embargo, Greenpeace asegura que Industria y el CSN estaban tramitando una reforma del RINR que incluyera un procedimiento «que dejaría al libre albedrío de los trabajadores el ejercicio de esa obligación». Por ello, la organización se personó ante el Consejo de Estado para que se pronunciara sobre este asunto.
El dictamen emitido por el Consejo «no deja lugar a dudas, reconociendo expresamente que dicho derecho-deber es uno de los aspectos fundamentales de la nueva Ley del CSN y que así se debe reflejar en el Reglamento», señala Greenpeace.
Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de la ONG, recuerda que los trabajadores de las nucleares «ahora y siempre han tenido el derecho de denunciar situaciones que pueden poner en peligro su salud e incluso su vida, pero también tienen la ineludible obligación de proteger la salud de las personas que viven en los alrededores de estas peligrosas instalaciones». «Se trata -añade- de buscar la colaboración y la complicidad de quienes conocen de primera mano el estado de las instalaciones, para evitar situaciones tan graves como las que se dieron en 2004 en el accidente de Vandellós II y en otros muchos sucesos ocurridos en centrales nucleares españolas».
