Los recortes económicos están suponiendo que muchos incendios forestales no se investiguen, de forma que sus responsables quedan impunes. Así lo asegura Luis Díaz Villaverde, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM). Poco conocidos por los ciudadanos, los agentes medioambientales son la “policía medioambiental” o el “CSI del monte”, según Díaz Villaverde. Su labor es esencial en la extinción e investigación de los incendios forestales, los cuales “son provocados en más del 90%”. Sin embargo, este experto destaca la precariedad de medios humanos y técnicos de su colectivo para hacerlos frente.
Desempeñamos la labor de “policía medioambiental”, y somos el colectivo con mayor conocimiento del territorio. Durante todo el año trabajamos en relación a los incendios forestales. En invierno, proponemos, informamos y supervisamos la adecuación de masas forestales. En la época de alto riesgo (de junio a septiembre), ejercemos de directores de extinción.
“La Administración favorece que presuntos delitos forestales queden impunes”Coordinamos las labores de extinción de incendios forestales y supervisamos los medios a nuestro cargo. También contamos con las B.I.I.F. (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales), el “CSI del monte”. Es una responsabilidad extrema, porque provocar incendios forestales es un delito. Trabajamos para esclarecer las causas y averiguar su causante. Jueces y fiscales pueden requerir la información de nuestra investigación en un juicio. Por ello somos también Policía Judicial para delitos en la naturaleza.
Sentido común, porque sin fuego no hay incendio. Hay que insistir en actitudes preventivas como no fumar en el monte, evitar hacer fuego en época de alto riesgo y nunca fuera de barbacoas de construcción, no tirar residuos al monte, o no aparcar vehículos en el campo fuera de las zonas habilitadas o sobre hierba o rastrojos. Cuando se coseche, no bajar demasiado el peine de la cosechadora en zonas de afloramientos rocosos. Estas máquinas deben tener dispositivos mata-chispas y extintores. Los tendidos eléctricos deben estar bien aislados y sin tangencia de los cables con las copas de los árboles. Otra medida sería comunicar a los agentes medioambientales los puntos de vertidos ilegales y no protegidos con medidas de seguridad en zonas forestales, causa habitual de incendios. También avisar a estos agentes directamente o en el 112 de actividades irresponsables que puedan provocar incendios forestales.
La crisis nos afecta de forma grave de varias maneras. En Castilla-La Mancha:
“Los trabajos de prevención de incendios forestales dejan mucho que desear”
Se han eliminado a todos los interinos, y somos menos profesionales para el mismo territorio: 530 agentes para casi 8 millones de hectáreas. Para garantizar un servicio óptimo a los ciudadanos deberíamos ser 700, según el Plan de Conservación de la Naturaleza. Además, disponemos de medios muy deteriorados que nos dificulta nuestra labor. Por ejemplo, vehículos con muchos años y sin rotativos sonoros y luminosos. Los mejores vehículos están aparcados y no pueden utilizarse, así como el helicóptero de vigilancia, que ha salvado la vida a varias personas e intervenido en numerosos incendios. Otro aspecto que nos preocupa es la reducción alarmante de la formación continua para nuestro colectivo desde hace dos años.- Se han suspendido los trabajos de prevención durante cuatro meses seguidos y el dispositivo de extinción ha disminuido de forma drástica su capacidad de reacción. Las patrullas de extinción con vehículos ligeros disponen de 200 litros de agua, cuando su capacidad es de 500 litros.
- Se han reducido subvenciones a los particulares para tratamientos selvícolas y para construir infraestructuras contra incendios forestales, como caminos y puntos de agua.
- Se han cerrado casi todos los centros de interpretación de la naturaleza, con la consecuente disminución de puestos de trabajo en zonas rurales. La situación de los centros de recuperación es muy precaria, con escaso personal para todas las necesidades encomendadas, como la recuperación de fauna silvestre y la educación ambiental.
Este año muchos incendios se han dejado de investigar. Se puede decir que la Administración favorece así que presuntos delitos queden impunes.
La prevención reduce el riesgo de incendios y que uno incipiente se convierta en uno grande (de más de 500 hectáreas). En la península los trabajos de prevención dejan mucho que desear. En muchas ocasiones se planifican sin detenimiento o se realizan donde no será muy útil, condenando a los bosques a sufrir grandes incendios. Pero la prevención no es la única herramienta para bajar el número y superficie de incendios forestales.
Los avances en telecomunicaciones, sistemas de teledetección y de análisis de riesgos ayudan a que el dispositivo de extinción reduzca el tiempo de respuesta. La información ha mejorado gracias a ellos, pero no son la solución.
Más del 90% de los incendios forestales son provocados directa o indirectamente, ya sea con intención o por negligencia. La provocación de incendios va de la mano de la complejidad social y de la mala gestión urbanística. Nuestro colectivo siempre ha apostado por la educación ambiental como asignatura transversal a lo largo de la vida académica de todos. Una sociedad concienciada será partícipe a la hora de evitar incendios u otras catástrofes ambientales.
“Más del 90% de los incendios forestales son provocados”
Gestión del suelo: la expansión urbanística no ha tenido en cuenta las consecuencias de futuros incendios desde hace unos 40 años hasta hoy. En muchas ocasiones no ha habido planes propios de autoprotección. Cuando se produce uno, las consecuencias son mucho peores. La prioridad al planificar la extinción es proteger a las personas y sus bienes. En incendios de interfase (producidos en zonas forestales invadidas por viviendas), las tareas se dirigen a evitar que se quemen las casas. La extinción en sí se complica mucho, ya que las llamas pueden extenderse sin combatirse por dedicar los medios a otra tarea. Una gestión del suelo responsable debería delimitar con claridad zona urbana y forestal.- Concienciación social: hablamos de incendios por negligencias, ya sea por trabajadores del campo o por personas en actividades de ocio.
- Funcionamiento más ágil de la Justicia: penas ejemplares para los incendiarios y pirómanos, y que se investiguen los incendios forestales. Se debe otorgar a los agentes medioambientales formación y medios para esclarecer las causas, de manera que jueces y fiscales cuenten con información y material que agilice los procesos judiciales.
- Desarrollar estudios por parte de la Administración para determinar qué circunstancias pueden llevar a un individuo a provocar un incendio.
- Planificar de forma adecuada la prevención, además de un impulso de las zonas rurales y un dispositivo con profesionales cualificados con una amplia formación, bien valorados y con estabilidad laboral.
- Mantener una plantilla de agentes medioambientales para dar un servicio óptimo en todo el territorio.
La reactivación económica del medio rural se debería potenciar en serio, con planes a largo plazo. Hace unos años los pueblos se quedaron vacíos. Después, su población se recuperó e incluso incrementó, pero ya no vive en una economía rural sino en zonas rurales con aspiraciones urbanas. La Administración debería volver a poner en valor el medio natural, para que merezca la pena pastorear de nuevo los montes de forma extensiva, aprovechar sus leñas, frutos, madera, etc. Que sea una opción de futuro para los jóvenes, que miren al monte como una fuente de sustento. Ayudaría a perder el interés por el urbanismo salvaje y evitaría la dispersión urbanística por el medio natural.
