Mejorar el medio ambiente mediante una reforma fiscal que reduzca el desempleo y la economía sumergida. Diversos estudios económicos demuestran que este objetivo es posible. Marta Escapa, profesora de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y experta en Economía Ambiental, ha participado en varios de dichos trabajos, junto con investigadores del BC3 (Basque Center for Climate Change). Según esa experta, los gobiernos deberían ver más allá del corto plazo electoral y pensar en unos impuestos que mejoren el medio ambiente y sirvan además para reducir otros.
Una reforma fiscal ambiental busca reducir los impuestos sobre “bienes” como el trabajo y aumentar los impuestos sobre “males” como la contaminación o las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Los impuestos sobre la contaminación mejorarían el medio ambiente y los ingresos obtenidos permitirían reducir otros impuestos como los del trabajo.
“Los impuestos sobre la contaminación mejorarían el medio ambiente y permitirían reducir otros impuestos”Hay muchos trabajos académicos que, desde los años 90 del siglo pasado, han estudiado las condiciones necesarias para que una reforma fiscal ambiental consiga, de forma simultánea, reducir el desempleo y mejorar el medio ambiente. Los impuestos permiten al gobierno ofrecer los bienes y servicios públicos (educación, sanidad, seguridad, etc.) que la sociedad demanda y que los mercados, por diferentes razones, no ofrecen o lo hacen de manera insuficiente. Una reforma fiscal ambiental tiene por objeto fundamental no tanto modificar la cuantía de los ingresos como su procedencia.
La relación entre medio ambiente y economía sumergida surge cuando a través de una reforma fiscal ambiental se pretende conseguir, al mismo tiempo, una reducción de la economía sumergida, una mejora ambiental y una bajada del desempleo. El elevado y persistente volumen de economía sumergida en España, que no ha dejado de crecer con la crisis económica, supone una importante disminución de ingresos fiscales. De ahí el interés de incluir en nuestro estudio sobre la reforma fiscal ambiental a la economía sumergida, el trabajo “informal” no declarado y por el que no se pagan impuestos.
Nuestro estudio muestra que reducir el impuesto al trabajo formal genera una bajada del desempleo y un trasvase del sector “informal” hacia el formal, ya que merman los incentivos para el primero. El impuesto ambiental consigue que el sector informal pague impuestos por la vía indirecta del consumo. Además de los beneficios habituales de una reforma fiscal ambiental (disminución del desempleo y mejora ambiental), obtenemos un beneficio adicional, la reducción de la economía sumergida.
“El medio ambiente no es una carga, porque es indispensable si queremos un desarrollo económico sostenible”El medio ambiente no puede suponer una carga, porque es indispensable si queremos un desarrollo económico sostenible en el tiempo para nosotros y las generaciones futuras. Toda actividad económica precisa del medio ambiente para obtener recursos o depositar residuos. El problema es que, desde el punto de vista económico, el cuidado y protección del medio ambiente es un bien público global, del que todos nos beneficiamos independientemente de quien asuma los costes de ese cuidado y protección. A nivel individual todos tenemos incentivos a que sean los demás quienes asuman esos costes.
Un reciente informe de Economics for Energy concluye que España tiene una imposición energético-ambiental por debajo de la media de los países de su entorno. Queda margen para la actuación, por tanto, aunque para los gobiernos los impuestos ambientales son una forma más de recaudar, y no contabilizan la mejora ambiental porque no la pueden rentabilizar políticamente. Los impuestos ambientales suponen un coste actual para los ciudadanos, pero las mejoras ambientales no suelen ser inmediatas. En el caso del cambio climático, un impuesto sobre el CO2 conseguirá beneficios, en términos de daños evitados, sobre todo a medio y largo plazo; nada que ver con los cuatro años del mandato de un gobierno que aspira a ser reelegido.
Es una cuestión compleja donde se mezclan las regulaciones sobre la tarifa eléctrica (lo que los consumidores pagamos por la electricidad) y las regulaciones sobre las fuentes de energía que las empresas utilizan para producir dicha electricidad (térmicas de carbón, ciclos combinados, centrales nucleares, centrales hidráulicas, renovables como la eólica, la solar, etc.). La regulación de estos mercados ha estado sujeta a intereses concretos de los gobiernos de cada momento, sin tener en cuenta los aspectos económicos, técnicos y ambientales de producir electricidad. Una buena regulación exigiría, ante todo, consenso entre los partidos políticos para que no esté sujeta a intereses particulares del partido en el gobierno en cada momento, y debe hacerse con criterios de medio plazo.
“Los gobiernos no contabilizan la mejora ambiental porque no la pueden rentabilizar políticamente”Las reformas fiscales ambientales, como la que nosotros estudiamos, no analizan si hay que pagar más o menos impuestos. Se propone que esa recaudación, considerada como adecuada, se obtenga aumentando los impuestos a los “males” como la contaminación y reduciendo los impuestos sobre los “bienes”, como el factor trabajo. Se trata de que los consumidores y empresas paguen por el daño que la contaminación genera sobre la sociedad. Así se consigue que disminuya el nivel de contaminación y que con los ingresos obtenidos se reduzcan otros impuestos.
No siempre es verdad, porque en la práctica “vigilar” que se cumpla la legislación tiene un coste. Los agentes comparan los costes de no contaminar con los de pagar la multa dada la probabilidad de que sean detectados. Frente a una política ambiental basada en normativas y estándares, proponemos instrumentos económicos para solucionar problemas ambientales.
Todos los estudios sobre economía sumergida señalan que en España (y algún otro país) hay un problema de moralidad con el pago de impuestos y una cultura defraudadora, donde no está mal visto no pagar el IVA o intentar no declarar todos los ingresos. Los ciudadanos deberían percibir que esos comportamientos perjudican a la colectividad. Como sugieren desde Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), la Agencia Tributaria debería promover campañas informativas, como las de la DGT para reducir los accidentes de tráfico, sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar de los efectos del fraude. Además, es necesario que los impuestos estén bien diseñados para que empresas y consumidores paguen por el daño ambiental generado y, a la vez, que puedan pagar menos impuestos, si modifican sus tecnologías o sus hábitos de consumo para que sean menos perjudiciales con el medio ambiente.
