El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Gobierno español a indemnizar con casi 4.000 euros a una mujer valenciana por el exceso de ruido que tiene que soportar por vivir en una zona de bares y discotecas, puede llevar al Ejecutivo central a adoptar nuevas medidas para frenar la contaminación acústica del país. De lo contrario, la pasividad ante este tipo de sucesos puede volver a pasarle factura.
Y es que no se trata de un problema aislado. No en vano, según datos de 2001 del Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres hogares españoles (un 30,48%) sufre exceso de ruido. La Comunidad Valenciana se sitúa como la autonomía con más hogares con problemas de ruidos externos, ya que el porcentaje de los mismos asciende al 37,16%. A continuación se sitúan Madrid (36,17%) y Cataluña (34,28%). Fuera de la Península, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registran porcentajes del 45,28% y 47,60%, respectivamente.
La decisión de los jueces de Estrasburgo «sentará jurisprudencia» y «tendrá mucha trascendencia para otras reclamaciones en marcha, ya que podrá ser utilizada como fundamento», asegura Andrés Morey Navarro, abogado de la demandante.
El fallo añade un aspecto nuevo a la legislación española, «el de la concentración excesiva de locales de ocio autorizados por un ayuntamiento», lo que, según el letrado, «entra en oposición con lo que dijo en 2001 el Tribunal Constitucional», que no encontró pruebas para admitir esta causa.
Esta es la primera vez que se dicta una sentencia de estas características en Europa, señala Morey, y agrega que el fallo refleja que las medidas adoptadas por el Consistorio valenciano para solucionar el problema de un barrio reconocido como zona acústicamente saturada, como es el de San José, «son ineficaces e ínfimas en comparación con el padecimiento de los vecinos».
