Tras las sentencias del Tribunal Constitucional que establecían que la gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha declarado que está estudiando la modificación de la ley básica de conservación para determinar los criterios de gestión de estos parques.
En el marco de un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Narbona anunció esta modificación legislativa y afirmó que los trece parques nacionales que conforman en la actualidad la red se regirán por «criterios comunes».
Además, el Tribunal Constitucional se pronunciará en los próximos días sobre el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, de manera que aclarará cuál es el papel que desempeñará el Gobierno de la Nación.
Otras medidas
Por otro lado, Narbona señaló que habrá una reforma fiscal que incluirá propuestas ambientales. El Gobierno pretende reducir de forma gradual la energía nuclear y recuperar el dominio público marítimo terrestre, que se deslindará para proteger el litoral y que es preciso preservar los espacios naturales con la lucha contra los incendios forestales.
Asimismo se ha constituido la Mesa para el Diálogo Social entre el Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. en el marco del seguimiento del Protocolo de Kioto para la lucha contra el cambio climático. De esta forma, los integrantes realizarán un seguimiento de este Protocolo de España y sus efectos sobre la competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social. Fuentes de Comisiones Obreras han explicado que el objetivo es «crear un consenso social básico para cumplir el Protocolo de Kioto» y reducir los posibles efectos sociales adversos de su aplicación en nuestro país.
La ministra ha destacado, en este sentido, que además de esta mesa de diálogo, tiene previsto desarrollar siete mesas sectoriales para realizar el seguimiento del Protocolo de Kioto en el sector eléctrico, de refino de combustibles, siderúrgico, cemento y cal, vidrio, cerámica y papel.
Otra de las acciones previstas por el Gobierno en materia de medio ambiente es la aprobación de un paquete de medidas para luchar contra los incendios forestales, que fueron acordadas con las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
En la misma línea, Medio Ambiente va a trabajar en política de aguas. Concretamente la ampliación de la desaladora de Alicante ofrecerá agua para abastecimiento urbano a la capital en diciembre de este año, con lo que será la segunda actuación del Programa AGUA que dé recursos hídricos, tras la desaladora de San Pedro del Pinatar (Murcia) que se pondrá en funcionamiento en mayo. En lo referente al trasvase Tajo-Segura, Narbona afirmó que en esta legislatura no se va a revisar el régimen de explotación de la transferencia y que se incluía una enmienda socialista en la Ley de reforma del Plan Hidrológico Nacional (PHN) para dar garantías a la cuenca del Segura.
En este sentido, Narbona ha asegurado que se revisará el caudal trasvasable del Tajo al Segura en la medida en que el Gobierno realice las inversiones necesarias para paliar los problemas del agua en el Segura, ya que «en estos momentos no se reconocen los problemas del Segura y esto no es correcto».
Durante la celebración del «Encuentro 2005 de medio ambiente y desarrollo sostenible», la ministra de Medio Ambiente también hizo referencia al canon medioambiental para la recuperación de costes por parte de los regantes y usuarios. Concretamente señaló que la propuesta de Medio Ambiente era gravar con una milésima de euro el metro cúbico y que ahora se trabaja con el Ministerio de Agricultura para determinar cómo se repercute en la tarifa del agua.
