El Parlamento Europeo (PE) aprobaba recientemente una nueva directiva sobre residuos que amplia las exigencias y marca a los países comunitarios una serie de objetivos para los próximos años. De esta manera, se establecen planes de gestión de los desechos, en los que la eliminación es la última opción, y objetivos vinculantes para la reutilización y el reciclaje. Sin embargo, algunos europarlamentarios y las asociaciones ecologistas consideran limitada esta nueva norma, que deberá ser ratificada a finales de año por los Estados miembros.
La nueva directiva trata de hacer frente a un problema que no ha parado de crecer en los últimos años: cada ciudadano comunitario genera anualmente 3,5 toneladas de residuos, según datos de la Unión Europea. En cuanto a los residuos sólidos urbanos (RSU), las últimas cifras (de 2004) hablan de 520 kilos por persona y año, y las estimaciones apuntan a los 680 kilos, lo que supone un crecimiento de casi el 50% en 25 años.
Entre sus principales novedades, destaca que los Estados miembros estarán obligados a realizar planes nacionales de gestión de residuos y programas de prevención, que deberán seguir la siguiente jerarquía, por orden de importancia: prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación. La Comisión Europea (CE) establecerá en 2014 objetivos para la prevención de residuos aplicables a partir de 2020. De esta manera, se quiere revertir el orden actual, en el que la eliminación en los vertederos es la principal opción (el 67%) para deshacerse de los residuos.
Por su parte, la directiva incorpora un nuevo artículo sobre biorresiduos. En concreto, se exige su recogida selectiva, su tratamiento específico y el establecimiento de estándares de uso para su compostaje.
Los países de la UE tendrán que reciclar o reutilizar al menos el 50% del papel, del plástico y del vidrio de los RSUAsimismo, la nueva norma establece unos objetivos concretos vinculantes para la reutilización y el reciclaje (incluido el compostaje) para el año 2020. En este sentido, los países de la UE tendrán que reciclar o reutilizar al menos el 50% del papel, del plástico y del vidrio de los RSU, así como el 70% de los desechos no peligrosos procedentes de la construcción y las demoliciones. De no cumplirse tales metas, la CE podrá llevar al país infractor ante el Tribunal de Justicia.
En el caso de España, dichos objetivos se encuentran cerca de ser alcanzados: según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en 2005 se recicló el 44% del vidrio, el 69% del papel y cartón, el 60% de los metales, el 44% de la madera y el 21% de los plásticos. En total, España recicla 444.653 toneladas de residuos anuales.
No obstante, el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) afirma que España todavía tiene un importante camino por recorrer, en el que la clave será lograr que los residuos comerciales, industriales y asimilables entren en la cadena.
En cuanto a la incineración, fue uno de los aspectos más debatidos entre los responsables de la directiva. Hasta el momento, era considerada una forma de eliminación, pero ahora queda incluida dentro de la valorización, si bien esta deferencia se reserva sólo a las plantas que cumplan unos mínimos de eficiencia energética. De esta manera, según la Comisión Europea y el Consejo, se incentivará a las demás a mejorar su eficiencia.
Por otra parte, la nueva directiva amplia la responsabilidad del productor de residuos. Los Estados miembros podrán implantar para ello diversas medidas, como la aceptación de los productos devueltos y de los residuos generados tras el uso de dichos productos, la subsiguiente gestión de los residuos, la responsabilidad financiera de estas actividades o la publicación de información sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable.
El ISR, si bien considera “bueno” el acuerdo alcanzado en la nueva directiva, reconoce que “probablemente adolece de falta de precisión en los aspectos más controvertidos, algo común en la mayoría de las directivas. Pero, por otra parte, parece ser el peaje imprescindible para poner de acuerdo a tres instituciones complejas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, y a 27 Estados miembros”.
Por su parte, algunos de los representantes europeos han afirmado que se trata de un acuerdo “demasiado débil” y han criticado que no se hayan incluido objetivos vinculantes para la prevención de residuos.
De manera mucho más dura se han posicionado las organizaciones ecologistas, que la consideran muy limitada en comparación con los problemas de la cada vez mayor generación de residuos y el cambio climático.
Imagen: David BleasdaleEntre las diversas críticas, Amigos de la Tierra Europa y la European Environment Bureau (EEB) han valorado negativamente la reclasificación de las incineradoras, ya que en su opinión se trata de un método inflexible y caro que puede llegar a limitar las tasas de reciclaje, además de su impacto en el medio ambiente en forma de emisiones tóxicas y de gases con efecto invernadero.
Por su parte, Ecologistas en Acción considera “muy preocupante” la nueva definición de subproductos de la directiva, que “permitirá que muchos de los materiales que hoy se consideran residuos puedan escapar a los controles de seguridad”. Asimismo, la organización asegura que la nueva norma “permitirá que los considerados peligrosos puedan ser trasladados al tercer mundo, sin que nadie controle lo que se hace con ellos”.
