La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales en las ciudades. Sus consecuencias, en forma de muertes prematuras, daños al entorno o sobrecostes económicos asociados, son algunas de sus preocupantes consecuencias. El nuevo Plan Aire, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobado por el Gobierno, incluye un paquete largo de medidas para reducir este problema. Sin embargo, las limitaciones con las que nace podrían neutralizar sus posibilidades. Este artículo explica las principales medidas del nuevo Plan Aire 2013-2016, y señala las críticas realizadas al mismo.
Nuevo Plan Aire 2013-2016: principales medidas
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE). Propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), incluye 78 medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las ciudades.
El nuevo Plan Aire es «más ambicioso y realista que el anterior», según una responsable del MAGRAMAGuillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del MAGRAMA, asegura que este Plan es «más ambicioso y realista que el anterior», y que la mejora de la calidad del aire es la política «prioritaria» de su Dirección. El Plan se marca cuatro objetivos generales:
- Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional en materia de calidad del aire y de límites de emisión de contaminantes.
- Impulsar desde la Administración General del Estado (AGE) las actuaciones en materia de calidad del aire para complementar los planes de acción aprobados por otras administraciones públicas, siendo un referente en la materia, y sirviendo de motor de coordinación y colaboración interadministrativa.
- Reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas, en especial en las áreas más afectadas por la contaminación.
- Fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información disponible sobre calidad del aire.
Los responsables del nuevo Plan Aire destacan algunas de las múltiples medidas previstas: se propone evaluar la inclusión de criterios de calidad del aire en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, incentivar los vehículos más limpios o poner en marcha un sistema de información sobre calidad del aire en tiempo real de acceso sencillo para los ciudadanos.
Críticas al Plan Aire
Juan Bárcena, experto en contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción, reconoce que «en general, las medidas van en la buena dirección, se pueden considerar positivas y cubren muchos aspectos importantes». Sin embargo, cree que este Plan, «como otros anteriores, no tendrá una incidencia significativa en la calidad del aire de las ciudades españolas». Para esta afirmación señala varios problemas «fundamentales» que lo impiden:
No se marca los valores recomendados por la OMS: el Plan se basa en los actuales valores límite legales para los principales contaminantes establecidos por la legislación de la Unión Europea (UE), no por la Organización Mundial de la Salud. Según un informe de Ecologistas en Acción, el 22% de los españoles respira un aire por encima de los límites legales de la UE, pero un 94% con los valores de la OMS. Esta institución internacional se basa en las evidencias científicas sobre afecciones a la salud, mientras que la UE considera también las cuestiones económicas y políticas.
Apenas se invierte para lograr sus objetivos: se ha dejado en la mínima expresión el presupuesto. La mayoría de las propuestas carece de financiación del MAGRAMA, sino que se propone a las comunidades autónomas (CCAA) y ayuntamientos con competencias en la materia para que lo financien ellas. De esta manera no se puede resolver un problema de la envergadura de la calidad del aire urbano. Sus responsables no parecen conscientes de que reducir la contaminación atmosférica es rentable no solo desde el punto de vista social y ambiental, sino también del económico. Numerosos estudios han demostrado que conlleva una mejora de la salud pública y un importante ahorro de recursos públicos, entre otros del gasto sanitario a medio y largo plazo.
Algunas medidas son incoherentes: en la actualidad, el tráfico rodado es el principal emisor de contaminación de las ciudades. El Plan Aire propone la «mejora del transporte público», pero aparece sin financiación específica. Sin embargo, la renovación del parque automovilístico cuenta con una inversión pública de 38 millones de euros para 2013.
No es una norma de rango legal de obligado cumplimiento: este Plan, al igual que el anterior, contiene propuestas bien intencionadas o recomendaciones para otras administraciones, sin que haya garantía de su ejecución. Si las instituciones han incumplido de forma generalizada las obligaciones legales europeas sobre calidad de aire, no cabe pensar que se apliquen.
Requerirá una elevada coordinación interinstitucional: llevar a cabo las medidas propuestas requerirá un esfuerzo conjunto del Gobierno central, las CCAA y ciertos ayuntamientos. La experiencia de más de diez años de vigencia legislación europea de calidad del aire no permite ser muy optimista en este sentido.
Las medidas para el transporte y el tráfico urbano no se presentan de forma integrada ni cuentan con presupuestos de ejecución: no se garantiza que se pueda reducir de forma significativa la movilidad motorizada y, por tanto, la contaminación atmosférica.
No se garantiza que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a respirar aire limpio: el Tribunal de Justicia Europeo está a punto de condenar a España por incumplimiento de la legislación europea de calidad del aire. A pesar de los incumplimientos en determinadas zonas del país, todas las denuncias presentadas han sido archivadas.
