¿Cómo es posible que el nuevo Gobierno estadounidense señale al desarrollo de las energías renovables en España como ejemplo a seguir y los responsables del sector consideren que corren peligro? El objeto de la discordia se encuentra en la nueva ley para regular el sector de estas fuentes de energía. Sus impulsores, los responsables del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), aseguran que beneficiará a los consumidores y permitirá a las renovables un crecimiento sostenible. Sin embargo, las empresas del sector creen que las nuevas medidas supondrán la pérdida de empleos y perjudicarán el crecimiento de estas energías, especialmente las que empiezan a madurar ahora.
La reciente entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009 (RDL) conlleva diversos cambios en el sector energético que benefician a los consumidores, según el MITYC. Por un lado, se ha creado un bono social al que podrán acogerse, a partir del 1 de julio, consumidores que tengan una potencia contratada inferior a tres kilovatios (kW) en su vivienda habitual, familias numerosas, así como las que tengan a todos sus integrantes desempleados, jubilados con 60 o más años y pensionistas en determinadas circunstancias.
Por otro lado, se ha regulado el crecimiento de las energías renovables para lograr, explican desde el MITYC, el «difícil equilibrio entre su máximo desarrollo con un coste que los bolsillos de los ciudadanos puedan asumir, ya que son estos los que, en definitiva, pagan el desarrollo de las energías renovables.»
La nueva ley logra el difícil equilibrio entre el máximo desarrollo de las renovables con un coste que los ciudadanos puedan asumir, según el MITYCEn este sentido, Heikki Mesa, experto en Energía y Cambio Climático de la organización conservacionista WWF, señala el ejemplo de la energía solar fotovoltaica, cuyo desarrollo «no ha sido sostenible», y se ha convertido en otra «burbuja especuladora»: hace tres años había instalados 40 megavatios (MW) y ahora 3.400 MW (2.700 MW el año pasado), «simplemente porque se acababa el plazo para recibir las primas». Los promotores, explica Mesa, instalaban parques fotovoltaicos de grandes dimensiones, mucho más baratos que la instalación de paneles en casas particulares.
Por ello, subraya el experto de WWF, el sistema funcionaba como una especie de bonos del tesoro para dichos promotores, «sabiendo que iban a cobrar primas durante 25 años, sólo que en vez de pagarlo el Estado, lo hacíamos los consumidores en nuestra tarifa eléctrica, financiando además los retornos a los bancos y los fondos de inversiones incluso extranjeros.»
Con el nuevo RDL, a la hora de cobrar las primas, las instalaciones de cualquier tipo de renovable, excepto la fotovoltaica, que ya pasó por una regulación similar mediante el RD 1578, deberán inscribirse en un nuevo registro de retribución y tendrán que demostrar una serie de requisitos. De esta manera, se conseguirá acotar las primas, «adecuando el desarrollo de las renovables al paso de la evolución de la economía con una moderación del que se va a ver beneficiado el propio sector», según los responsables del MITYC. El propio RDL anuncia que se elaborará un nuevo decreto en los próximos meses para concretar los registros, los posibles cupos, los avales y los certificados.
Críticas a la nueva ley
El experto de WWF, Heikki Mesa, considera que, aunque necesaria, la nueva norma ha llegado demasiado tarde y supondrá un frenazo demasiado brusco, lo que se va a traducir en pérdidas de empleos. Lo adecuado, en su opinión, habría sido seguir el modelo alemán en el que los consumidores protagonizan las ayudas. Asimismo, se deberían facilitar los trámites burocráticos para la instalación de renovables en los hogares, ya que en la actualidad son «un calvario».
Los responsables de la revista Energías Renovables afirman que la nueva norma está especialmente pensada «para controlar la solar termoeléctrica y evitar una burbuja similar a la de la fotovoltaica». Las principales afectadas serán, según estos expertos, «las que están levantando ahora la cabeza, como la termosolar o el biogás, y no tanto tecnologías consolidadas como la eólica.» Y entre las principales beneficiarias, según Carlos Muñoz, presidente de la sección de Solar Termoeléctrica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), «las grandes empresas, que ya tienen en marcha sus proyectos y piensan dar el salto a Estados Unidos mientras dejan el terreno acotado a los pequeños promotores».
La APPA considera que la nueva ley perjudicará el crecimiento de estas energías en España. Sus responsables, junto a los de otras cinco asociaciones que representan diversos sistemas renovables, han suscrito un manifiesto en el que consideran que, aunque la nueva ley trata de solucionar diversos problemas del sector, puede tener un efecto contrario al pretendido por el Ministerio. Asimismo, subrayan que algunos de sus requisitos «son prácticamente imposibles de cumplir e impedirán la realización de muchos de los proyectos previstos, con la consiguiente paralización de la industria y la pérdida de puestos de trabajo.»
Algunos requisitos de la ley son prácticamente imposibles de cumplir, con la consiguiente paralización de la industria y la pérdida de puestos de trabajo, según la APPAPor ello, las asociaciones firmantes consideran que este RDL debería sustituirse por la prometida Ley de Energías Renovables, en la que se debería contar con la participación de todas las partes. En este sentido, la APPA y la organización ecologista Greenpeace han presentado una propuesta de anteproyecto de ley para todas las energías renovables. Entre las medidas que propone, desaparecerían los cupos que limitan la potencia para estas fuentes; se mantendría el sistema de primas; se ofrecerían créditos preferentes y se incentivaría la electricidad de autoconsumo y las tecnologías híbridas; y la retribución se basaría también en los derechos de emisiones de CO2.
En caso de aprobarse dicha propuesta, aseguran los responsables de APPA y Greenpeace, se generarían un millón de empleos y se conseguirían los siguientes objetivos: el consumo final de energía para 2020 será un 30% renovable y un 80% en 2050; en generación de electricidad, 50% en 2020 y 100% en 2050; 80% en climatización de edificios para 2050, y un 10% en transporte para 2020.
Por su parte, la Fundación Ideas cree que estos objetivos pueden incluso mejorarse. Sus responsables presentaban recientemente un informe para que España contara en 2050 con el 100% de energía renovable y cerrara las centrales nucleares al expirar sus licencias de explotación, siempre y cuando no fuera necesario cerrarlas antes por cuestiones de seguridad.
La Comisión Europea, en su “Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables”, señala que la gran mayoría de los 27 Estados miembros de la UE, entre ellos España, se encuentra por debajo de la media de progresión. En el caso español, el consumo primario de renovables ha pasado del 7% en 2003 al 7,6% en 2008, y sólo seis países han conseguido aumentar al menos dos puntos desde 2004. Alemania se ha convertido en el ejemplo a seguir: ha pasado del 10,6% al 12,6%.
Por otra parte, el informe compara los distintos sistemas nacionales de apoyo a estas energías y destaca que los vaivenes en las políticas de promoción no ayudan a estas energías, por lo que la estabilidad es un elemento fundamental para su éxito.
