Sólo Italia, Letonia y Lituania han introducido en sus respectivas legislaciones nacionales la nueva directiva europea sobre responsabilidad ambiental, que se basa en el principio de «quien contamina paga», y cuya entrada en vigor está prevista para el lunes 30 de abril. El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, expresó ayer a través de un comunicado su gran preocupación por el hecho de que sólo 3 Estados miembros han transpuesto hasta ahora este acto legislativo esencial.
«Si el resto no les siguen muy rápidamente, la Comisión tendrá que considerar iniciar acciones legales», afirmó Dimas. A su juicio, la directiva sobre responsabilidad ambiental incitará a prevenir los daños medioambientales y permitirá a los gobiernos obtener una reparación de los culpables en caso de perjuicio grave.
Los daños medioambientales contemplados en la norma incluyen los que afectan a los recursos hídricos, los hábitats naturales, los animales y las plantas, así como la contaminación del suelo que cause un daño importante a la salud humana. La directiva no tendrá ningún efecto retroactivo. Los costes de prevención o de reparación de los daños medioambientales tendrán que ser asumidos por las empresas que realicen actividades de riesgo, por ejemplo las que den lugar a vertidos de metales pesados al agua o a la atmósfera, las fábricas de productos químicos peligrosos, los vertederos y las instalaciones de incineración.