Una enmienda en la Ley de Economía Sostenible (LES) ha eliminado la limitación a 40 años de la vida útil de las centrales nucleares en España. La planta de Santa María de Garoña (Burgos) sería la primera en beneficiarse, ya que su cierre se preveía por el Gobierno para 2013. Desde las organizaciones del sector nuclear afirman que la seguridad de estas instalaciones está garantizada y que pueden funcionar incluso más años. Por ello, no solo instan a continuar su actividad, sino también a construir tres nuevas centrales para 2025 y hacer así frente a las cada vez mayores demandas energéticas del país. Sin embargo, las organizaciones ecologistas recuerdan los peligros de estas centrales y apuestan por su cierre progresivo.
Sí, son seguras
Garoña podría continuar su actividad más allá de 2013, si la limitación administrativa que pesa sobre las centrales nucleares españolas desaparece de forma definitiva. En opinión de la Sociedad Nuclear Española (SNE), una asociación sin ánimo de lucro que defiende el uso de esta energía, no hay razones técnicas ni económicas para impedir que esta planta siga operativa. El último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo público independiente encargado de velar por la seguridad de estas instalaciones, daba el visto bueno para que pueda continuar al menos hasta 2019.
La central burgalesa, al igual que el resto de plantas nucleares en España, tienen las «máximas garantías de seguridad». Así lo señala el reciente informe «Seguridad del parque nuclear español«, del Foro de la Industria Nuclear Española (FINE), la organización que reúne a la patronal de este sector, y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Las centrales nucleares españolas no han registrado ningún accidente ni incidentes significativosEl estudio analiza los principios fundamentales en los que se basa la seguridad de las instalaciones y actividades nucleares, y recuerda que no han registrado ningún accidente ni incidentes significativos, aunque sí reconocen que han sufrido «sucesos operacionales clasificados en las categorías más bajas».
Según los responsables del FINE, las centrales están diseñadas de manera «robusta y segura», y se encuentran entre las instalaciones industriales mejor protegidas. «El concepto básico de seguridad nuclear se basa en el principio de barreras múltiples colocadas en serie entre los productos radiactivos y el medio ambiente», subrayan.
Los expertos en esta tecnología también destacan que no hay riesgos de explosiones: el mayor accidente nuclear de la historia, Chernobil, lo provocaron un incendio y una cadena de errores humanos y fallos de seguridad impensables en las actuales centrales. El Consejo Mundial de la Energía (CME), en un informe de 2008, señalaba que las posibilidades de que haya un nuevo accidente como el de Chernobil son «muy, muy bajas».
En cuanto a los residuos radiactivos, en el FINE sostienen que «están perfectamente vigilados, financiados, controlados y gestionados por profesionales cualificados y, de esta forma, no perjudican a la población ni al medio ambiente. Por otro lado, se realizan investigaciones que avanzan en la reutilización del combustible gastado en otras centrales y la reducción de su radiactividad y volumen».
Además, los expertos recuerdan que la tecnología nuclear avanza cada vez más. Se habla de centrales de cuarta generación, que podrán destruir e incluso reutilizar estos residuos como combustible en un futuro cercano, sin olvidar otras prometedoras tecnologías como la fusión nuclear, o los híbridos de fisión y fusión.
Los residuos radiactivos son uno de sus principales problemas sin resolver
Mientras llegan estas tecnologías, una solución que se ofrece para los residuos es el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC). Por el momento, no se ha tomado una decisión en firme sobre su posible emplazamiento, pero se sabe que seguiría el modelo de la instalación holandesa HABOG. Funciona desde 2003 y está preparada para resistir terremotos de grado seis en la escala Richter, inundaciones, explosiones de gas licuado, huracanes y hasta el choque de aviones. En cuanto a su efecto en la salud, todavía no cuenta con datos epidemiológicos suficientes. Ahora bien, estudios realizados en una central similar de Suecia, construida en 1985, no han detectado aumento de enfermedades asociadas a la radiación entre la población limítrofe.
La decisión sería la misma que la tomada con los residuos nucleares de baja y media actividad. Estos desechos, procedentes de hospitales, centros de investigación, industrias o las propias centrales nucleares, se depositan desde 1992 en una instalación ubicada en El Cabril (Córdoba). La Nuclear Regulatory Commission de EE.UU. considera este almacén como uno de los mejores del mundo.
No son seguras
Los ecologistas afirman que estas instalaciones registran en España diversos fallos de seguridad, algunos de ellos muy importantes, que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud pública. Recuerdan el cierre de Vandellós I (Tarragona) en 1989, a causa del incendio que sufrió esta central. Por ello, los ecologistas insisten en la necesidad de la moratoria que impide sustituirlas por otras centrales nuevas y abogan por su desmantelamiento progresivo.
Además del inconveniente más conocido de un posible Chernobil, José Santamarta, de la ONG WorldWatch España, señala una serie de problemas que deberían tenerse en cuenta para no abrir más centrales nucleares y cerrar de forma progresiva las actuales:
Las fugas y la contaminación están presentes en toda la cadena comercial del procesado de materiales nucleares y producen un legado radioactivo muy peligroso para la salud y los ecosistemas durante miles de años.
Las centrales nucleares, e incluso los residuos radiactivos, se han convertido en un nuevo objetivo terrorista (las llamadas «bombas sucias»), por lo que sus costes de seguridad, pagados por el Estado, se van a incrementar.
Los detractores de estas instalaciones insisten en que los residuos son uno de sus principales problemas sin resolver. España tiene diez reactores nucleares, de los cuales dos ya no funcionan. Parte del uranio utilizado de la central de Vandellós I se envío a Francia en 1989 tras su desmantelamiento. Desde 2011, España paga a Francia una fianza diaria de unos 60.000 euros, que recuperará solo si ese combustible reprocesado vuelve. Las demás centrales guardan el combustible utilizado en unas piscinas especiales de sus propias instalaciones, pero se acercan a su límite de capacidad.
El citado ATC será el lugar para guardar estos residuos, pero la decisión final se demora. En opinión de las ONG ecologistas, ninguna instalación es perfecta ni está exenta de riesgos y el ATC no sería una excepción. Al riesgo del propio almacén se unen los posibles peligros de transportar los residuos desde diferentes puntos de España hasta él. Y se recuerda el carácter radiactivo, y por tanto nocivo, para el medio ambiente y la salud, de estos desechos. Además, nadie sabe qué podrá suceder durante los cientos de miles de años que estarán activos.
La organización Ecologistas en Acción aporta tres ejemplos al respecto. En julio de 2007, un terremoto causó el escape de agua radiactiva en una instalación de Japón, en teoría el país más seguro en este aspecto. Un mes antes, se registró un terremoto similar cerca de Guadalajara, uno de los lugares que podría albergar el ATC. En segundo lugar, citan un polémico informe de los servicios secretos franceses, que señala el peligro de que los reactores de nueva generación puedan sufrir ataques tipo 11-S. Y en tercer lugar, recuerdan el error en la mina alemana de Asse, lugar donde se guardaban los residuos de este país. Sus responsables ubicaron los residuos en una zona que ahora tiene peligro de derrumbarse.
