Tráfico ilegal de especies

El contrabando de especies es la segunda mayor amenaza mundial para la vida salvaje, después de la destrucción de su hábitat. Cada año, cientos de miles de primates, elefantes, reptiles, aves, felinos, ranas, corales, orquídeas, cactus y peces tropicales, y sus derivados, tales como pieles, polvo de cuerno de rinoceronte o marfil, acaban en los lucrativos mercados negros de Estados Unidos, Europa, Japón y parte del sudeste asiático.

A causa de este comercio ilegal, unas 700 especies se encuentran al borde de la extinción, y otras 2.300 especies animales y 24.000 vegetales están amenazadas. Las pésimas condiciones de clandestinidad del transporte y manipulación hacen que sólo un 10% de los animales capturados sobrevivan. Por ello, los contrabandistas elevan el número de capturas, lo que agrava aún más la situación. Además, los ecosistemas salen gravemente perjudicados: la disminución de ciertas especies afecta negativamente a la cadena alimenticia y provoca el incremento de las plagas. Las especies liberadas en un entorno al que no pertenecen se convierten en invasoras, poniendo en peligro a las autóctonas y al hábitat de la zona.

Para combatir este problema, representantes de 80 países firmaron en 1973 la Convención de Comercio Internacional sobre Especies de Fauna Salvaje y Flora en Peligro de Extinción (CITES). Actualmente, 160 países han suscrito dicho convenio – España lo hizo en 1986 – y se encarga de prohibir el comercio internacional de especies amenazadas y reglamentar y vigilar el comercio de las que puedan estarlo. La regulación se realiza por medio de Apéndices o listados de las plantas y animales, siguiendo criterios científicos. Los Apéndices incluyen en la actualidad unas 5.000 especies de animales y 30.000 de plantas. Además, el certificado acuñado por CITES es el único que demuestra que un ejemplar puede ser vendido legalmente al haber sido criado en cautividad.

Desde la firma del CITES, el tráfico de especies amenazadas constituye un delito: En la Unión Europea (UE) supone desde 1997 penas de cárcel de hasta seis años. Sin embargo, las bajas multas para los infractores y la vulnerabilidad de los responsables de control aduanero facilitan que las redes de contrabando sigan creciendo.

El 30% de este contrabando pasa por las fronteras españolas

España es uno de los países clave en el tráfico de flora y fauna: se calcula que más del 30% de este contrabando pasa por sus fronteras. En el control de este tráfico ilegal desempeñan un papel fundamental el Servicio de Aduanas de Comercio Exterior o el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). Asimismo, organizaciones ecologistas como WWF/Adena colaboran en la formación de expertos para el control del tráfico de especies y cuentan con Traffic, una red internacional de oficinas para el seguimiento del comercio internacional de especies y sus restos y productos derivados.

En diciembre de 2005, se ponía en marcha la Wildlife Enforcement Network (Red de Protección de la Vida Salvaje). Presentada como la «Interpol de la fauna», su objetivo es luchar contra las asociaciones criminales de transporte clandestino de animales exóticos entre fronteras, así como el intercambio de información entre los países afectados.

Los consumidores tienen por su parte una responsabilidad fundamental a la hora de combatir este problema. La adquisición de especies ilegales atenta contra la auténtica conciencia ecológica, que asume que el mejor lugar para los animales y las plantas es su propio hábitat. Si no se compran especies amenazadas, no habrá motivos para seguir promoviendo su contrabando. Asimismo, ante cualquier posible práctica ilegal, se puede acudir a las instituciones encargadas de proteger la naturaleza, como el SEPRONA, llamando al teléfono 062.