El presente año se ha convertido ya en el peor de la década en cuanto a superficie afectada por grandes incendios forestales, con 70.000 hectáreas arrasadas. En el informe «Incendiómetro 2009», la asociación ecologista WWF asegura que la mitad del terreno se ha consumido en sólo 22 de los casi 10.000 siniestros ocurridos hasta la fecha.
Para WWF, estos datos «ratifican las carencias de las políticas forestales españolas en gestión forestal para lograr que el bosque sea menos vulnerable a los grandes incendios».
En lo que va de año, el número de incendios ha aumentado en un 22% respecto a 2008 y un 50% en comparación a 2007. En los 9.915 incendios registrados en el primer semestre de 2009 (1.200 más que el año anterior) han ardido ya 70.000 hectáreas -casi tantas como en todo el año pasado-, lo que para la organización se traduce en unas pérdidas cercanas a los 385 millones de euros a las que habría que sumar, además, los gastos de extinción y prevención.
Esta «situación crítica» se produce a pesar de que la eficacia de los dispositivos de extinción ha sido similar a la de 2008, un año meteorológicamente muy favorable, en el que los retenes consiguieron controlar en fase de conato más del 58% de los siniestros, señala WWF.
La organización remarca que el hecho de que no haya empeorado la eficacia de los medios de extinción, confirma que es «imprescindible avanzar en estrategia política para acabar con esta amenaza». En concreto, WWF pide que se refuerce «la presión judicial y que se desarrolle en España una política forestal que dinamice el bosque como motor de un modelo socioeconómico sostenible con el medio rural».
El responsable del Programa de Bosques de la asociación, Félix Romero, afirma que, de no invertirse esta tendencia, incluso aunque no se produjeran más incendios en los próximos seis meses, «2009 aún podría ser el segundo peor año de la década en cuanto a superficie quemada».
WWF insiste en su llamamiento a la sociedad para evitar originar incendios por descuidos y para colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el fin de «disuadir a los incendiarios y facilitar su identificación y detención».
