Las conductas temerarias al volante están motivadas, en la mayoría de los casos, por el consumo de alcohol y drogas, según confirmó ayer la Dirección General de Tráfico (DGT). El departamento que dirige Pere Navarro aseguró que siete de cada diez conductores sancionados con la retirada del carné presentaban problemas con la bebida, el consumo de drogas o habían abusado de determinados medicamentos que merman las capacidades al volante. Más de la mitad, además, eran bebedores habituales.
La DGT se muestra preocupada por estos datos. Es por ello que va a lanzar una innovadora propuesta: que los médicos añadan las «sospechas de adicción» que puedan tener sobre un paciente en su historial clínico «para tener información sobre cada conductor y poder ver su evolución», explicó el doctor Juan Carlos González Luque, asesor médico del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT .
Este experto, que participó en el coloquio «Drogas y Volante» organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), destacó que, según los datos que desprenden las autopsias realizadas a fallecidos por accidente de tráfico en España entre 2003 y 2006, entre el 40% y el 50% de las víctimas habían consumido alcohol y drogas, y entre el 10% y el 15% presentaban en su organismo restos de otras sustancias o medicamentos.
Más controles
Para González Luque, las soluciones pasan por una mejor educación contra las drogas y por reforzar los controles en las carreteras. El objetivo de la DGT para este año es conseguir que el número de dispositivos de vigilancia se corresponda con el 20% del censo de conductores.
Sobre este aspecto, el especialista recordó que los controles experimentales puestos en marcha hace unos meses en varias poblaciones españolas revelaron que el 5,3% de los conductores consumieron drogas. Admitió, no obstante, las dificultades técnicas que entraña controlar el consumo de sustancias estupefacientes entre los conductores, un extremo en el que incide la tolerancia de cada persona, el uso terapéutico de algunos medicamentos, el grado de dependencia o, incluso, las dificultades que supone el proceso penal-administrativo.
Por eso, González Luque insistió en la importancia de incluir en el historial clínico de cada paciente las sospechas sobre posibles adicciones, aunque reconoció que la transmisión de esta información confidencial podría plantear problemas.
