La Policía Judicial recibirá una «orden inminente» para investigar a los centros de reconocimiento que expidan documentos a conductores a cambio de dinero sin comprobar si están en condiciones de coger el volante, según anunció esta semana el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, al analizar el contenido de la Memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial correspondiente a 2009. El documento alerta del aumento de «centros clandestinos» que no cumplen la legalidad y que provocan «riesgos intolerables» en las carreteras.
«Hay una cifra negra difícil de determinar de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con el permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción», señala la Memoria. Si bien Vargas no facilitó una cifra del número de centros en los que se han detectado irregularidades, el presidente de la Asociación Española de Centros Médicos y Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, indicó que alrededor de un 5% de los 2.000 que hay en España no cumplen lo exigido legalmente.
Vargas aseguró que la Fiscalía de Seguridad Vial está decidida a impulsar la vía penal para investigar a esa «minoría» de centros que, según sus propias palabras, deshonra a un sector profesional y cualificado. Anunció en este sentido una respuesta moderada y prudente, pero «decidida», al considerar que pueden cometer un delito de falsedad documental, castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El fiscal ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT) para que le remita las infracciones más graves para iniciar los procedimientos penales y ordenará a la Policía Judicial investigar estos hechos. Vargas explicó que son centros que no tienen los facultativos exigidos ni el instrumental adecuado, en los que en ocasiones no hay ni reconocimiento y que, en los casos más extremos, se limitan a entregar un papel a cambio de dinero.
La Memoria de la Fiscalía también aborda el papel de los profesionales de la sanidad y el deber del secreto médico. Propone a este respecto la elaboración de un protocolo de actuación en los casos en los que los facultativos detecten en sus pacientes limitaciones que les impidan conducir. Recuerda que el propio Código Deontológico del sector contempla que el médico pueda revelar el secreto «si con su silencio diera lugar a un perjuicio a su propio paciente, a otras personas o a un peligro colectivo».
