Fuentes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) informaron de que la plataforma tecnológica AIDA, un sistema que tiene por objeto implantar la tramitación electrónica de toda la documentación de un vehículo a lo largo de su vida, permitirá a las firmas instaladas en España reducir sus costes en 10 millones de euros anuales.
Este nuevo sistema permitirá establecer un flujo de información entre la Administración y todos los actores que intervienen en algún momento en los trámites de documentación de los vehículos, evitando así errores y duplicidades. La plataforma recogerá todos los datos del vehículo y a ella podrán acceder las marcas, los fabricantes de automóviles y componentes, los concesionarios, los gestores administrativos, los talleres, las entidades financieras, las aseguradoras, las estaciones de ITV, las empresas desguazadoras y las compañías de reciclaje.
Se prevé que la primera fase de este proyecto se encuentre operativa en el primer trimestre del próximo año. Esta fase inicial se centra en el trámite de matriculación y tiene por objeto eliminar el papel como soporte de la información técnica de los vehículos, sustituyendo la actual tarjeta por un mensaje electrónico (tarjeta e-ITV). Los datos de esta nueva tarjeta son emitidos por los fabricantes a través de la plataforma tecnológica con destino a los organismos públicos implicados en la matriculación. El objetivo de cara al futuro es avanzar hacia la matriculación telemática completa y hacia la integración con el resto de entidades presentes en el ciclo de vida del vehículo.
El Almacén Integral de Datos del Automóvil (AIDA) está gestionado por una sociedad denominada Red AIDA, participada en un 50% por Anfac, a través del Instituto de Estudios de Automoción (IEA), y en el 50% restante por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (Fitsa). Participan en la plataforma los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía y Hacienda, Fomento, Justicia, Medio Ambiente y Agricultura, así como la Dirección General de Tráfico (DGT), las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
