Hace cuatros años se retiró la tarjeta sanitaria a cientos de miles de mujeres y hombres extranjeros que vivían en España. Hoy día, la ONG Médicos del Mundo sigue denunciando que en los últimos cuatro meses se les ha negado el acceso a la sanidad pública a 14 mujeres embarazadas, 35 menores de edad y tres personas solicitantes de asilo, además de que se han registrado 20 incidencias en urgencias donde también se les deniega la asistencia o se factura la misma. En este artículo se apunta qué personas se han quedado al margen del sistema sanitario, los requisitos que en la actualidad exigen algunas comunidades autónomas y algunos casos de personas que han vivido esa falta de asistencia.
Al margen del sistema sanitario
Hace cuatros años, el 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril a través del cual se retiró la tarjeta sanitaria a cientos de miles de mujeres y hombres extranjeros que vivían en España, y a la que tenían derecho hasta ese momento.
El Gobierno impuso la expulsión del sistema sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular
El Gobierno impuso de esta manera la expulsión de las personas inmigrantes en situación irregular a los márgenes del sistema, sin previo debate social ni parlamentario, todo ello aludiendo a unos argumentos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que, aún hoy en día, no son demostrables por un informe económico que justifique las medidas adoptadas.
Pese a las condenas de organismos internacionales y europeos de derechos humanos, no se ha producido rectificación por parte del Ejecutivo. Además, se ha demostrado que resulta más barato para el sistema sanitario dar asistencia normalizada a las personas en situación irregular que a través de urgencias.
Personas afectadas y derechos vulnerados
Cuatro años después, los efectos siguen siendo dramáticos. Como ha documentado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), desde 2014 son ya 2.496 las personas afectadas. En los últimos cuatro meses se han visto desatendidos 388 inmigrantes, entre los que se encuentran tres casos de cáncer, cuatro de enfermedades cardiovasculares, 13 de diabetes, siete de hipertensión, ocho de VIH, cuatro de enfermedades degenerativas, seis de enfermedades potencialmente mortales o cinco de enfermedades mentales graves.
A pesar de que la entrada en vigor del Real Decreto Ley contemplaba excepciones con los menores de edad, las mujeres embarazadas, las personas víctimas de trata y solicitantes de asilo y otros casos urgencias, se ha vulnerado la asistencia mínima a estos colectivos. En un corto periodo de cuatro meses se ha negado el acceso al sistema sanitario a 14 mujeres embarazadas (120 desde 2014), 35 menores de edad (180 desde 2014) y tres solicitantes de asilo (13 desde 2014). Igualmente se contabilizan 20 incidencias en urgencias (299 desde 2014), que van desde la denegación de asistencia a la facturación de la misma.
Melilla es la ciudad española que más está sufriendo la vulneración de los derechos sanitarios, debido al alto porcentaje de población migrante y a un gran número de personas, entre ellas menores, que viven en la calle ante la falta de centros de atención. En el caso de los menores de edad no acompañados, se les niega la atención en los centros de salud hasta que no acuda un policía; esto genera miedo y provoca que muchos de ellos se escapen sin haber recibido la atención sanitaria.
El hijo de un paciente inmigrante que falleció recibió una factura de 10.000 euros
También se están dando casos en los que se da atención y el coste de la factura asciende a cifras inasumibles. Así le sucedió al hijo de un paciente inmigrante que falleció tras varios días de ingreso en Cuidados Intensivos en el Complejo Hospitalario de Navarra y que posteriormente recibió una factura por valor de 10.000 euros.
No son solo cifras, son personas con nombres y apellidos que no son atendidas en los centros de salud. Entre los testimonios recogidos por Médicos del Mundo están casos como el de Carolina González, española de 35 años a cuyo bebé no quisieron atender por no tener tarjeta sanitaria y venir de Ecuador.
Para contrarrestar la reforma sanitaria, las comunidades autónomas (a excepción de Castilla y León y La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla) aprobaron medidas, instrucciones y decretos para atender a las personas afectadas presentando una serie de requisitos. El problema es que las exigencias administrativas son difíciles de cumplir para muchas de estas personas. Algunas de las condicioness que se les exige:
- Estar empadronado. Esto no es posible para personas sin hogar, sin documentación de identidad o quienes llevan poco tiempo en España.
- Tener el certificado de no exportación del derecho a la asistencia para personas con ciudadanía comunitaria y procedentes de países con convenios bilaterales con España (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Pero el coste o la imposibilidad de tramitarlo a través de consulados dificulta su obtención.
- Documentación que acredite la situación de reagrupación familiar. Hay 59 casos desde 2014 de personas ancianas con un frágil estado de salud para las que la asistencia es vital y se les deniega la tarjeta sanitaria.
