Decenas de miles de personas permanecen en centros para inmigrantes de Estados Unidos, sin que se celebre una vista para determinar si su detención está justificada o no, según ha denunciado la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional (AI) en un informe hecho público hoy mismo, que sirve de lanzamiento a una campaña de la ONG para promover y proteger los derechos humanos de las personas inmigrantes.
Este trabajo, titulado «A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de inmigración en Estados Unidos», pone de manifiesto que el número de personas inmigrantes recluidas cada día en esos centros se ha triplicado en poco más de un decenio. Así, se ha pasado de 10.000 en 1996 a más de 30.000 en 2008, y es probable que la cifra aumente aún más en 2009.
«La mayoría de los detenidos tienen grandes dificultades para conseguir un abogado o ayuda con la que conducirse por el complejo proceso legal. Hay quienes se desesperan tanto que acceden a ser expulsados aunque sus circunstancias no lo justifiquen», denuncia Amnistía.
Entre los detenidos hay personas con residencia legal permanente en el país, inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y supervivientes de tortura y de trata de seres humanos. «Para algunos de ellos, un funcionario de inmigración es la instancia final -y la única- que decide sobre su detención. En el caso de otros, la detención ni siquiera se revisa», señala la ONG.
Órgano judicial
Las organizaciones de derechos humanos han subrayado la necesidad de que un órgano judicial revise cada caso para determinar si la detención es necesaria. En el sistema actual, «plagado de errores y sin un mecanismo de supervisión significativo», la detención en sí misma puede, en la práctica, sellar el destino de un inmigrante.
«Las autoridades están encerrando sin el proceso debido a miles de seres humanos y recluyéndolos en un sistema por el que resulta imposible circular sin el equivalente jurídico a un GPS. Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo un país de inmigrantes, y los derechos humanos de estos -ya lleven aquí cinco años o cinco generaciones- deben respetarse», indica Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional en el país norteamericano.
El informe estima que el coste medio de mantener recluido a un inmigrante es de 95 dólares por persona y día, es decir, unos 2.850 dólares al mes o, lo que es lo mismo, un total de cientos de millones de dólares que los contribuyentes pagan al año. «Existen alternativas a la detención efectivas y más baratas: de tan sólo 12 dólares al día», subraya.
AI recuerda que, según el derecho y las normas internacionales, la detención sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar justificada en cada caso individual y debe ser objeto de revisión judicial. «Para muchos inmigrantes, la libertad está fuera del alcance, porque las fianzas son desmesuradamente altas», advierte.
Además, cada vez hay menos probabilidades de que los jueces fijen fianza. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), en 2006 los jueces de inmigración decidieron no fijar fianza en 14.750 casos. En 2007 esta cifra aumentó a 22.254, y en los cinco primeros meses de 2008 los jueces consideraron no fijar fianza en 21.842 casos.
Atención médica
Los inmigrantes detenidos también tienen dificultades para conseguir atención médica: al menos 74 han muerto bajo custodia en los últimos cinco años. El informe expone el caso de un inmigrante de Afganistán de 27 años de edad, que llegó a Estados Unidos junto con su familia como refugiado a los siete años. Poco después de ser detenido, empezó a orinar sangre y tenía fatiga, dolor y malestar constantes. Tuvo que esperar seis semanas para ver a un médico y, al cabo de nueve meses, no había recibido aún ni diagnóstico ni tratamiento.
Llegó incluso a plantearse la posibilidad de retirar su solicitud de ciudadanía y aceptar ser expulsado a Afganistán a fin de recibir atención médica. «Cuando personas que podrían perfectamente tener la ciudadanía estadounidense llegan a tal punto de desesperación que aceptan ser expulsadas a países que ni siquiera conocen, es evidente que en el sistema de detención por motivos de inmigración de Estados Unidos hay un fallo de inquietantes proporciones», manifestó Sarnata Reynolds, directora de política sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de AI.
