Ha transcurrido más de una década desde que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a todos los países que apoyaran la labor de quienes defienden los derechos humanos. Sin embargo, los activistas que intentan hacer valer los derechos de otras personas en Oriente Medio y el norte de África «siguen sufriendo prisión, tortura, persecución y represión», denuncia Amnistía Internacional.
La ONG llama la atención, en un exhaustivo informe, sobre numerosos casos que ponen de relieve la precaria situación de los defensores de los derechos humanos, a los que se «intimida, hostiga, amenaza, detiene y condena a cumplir largas penas de prisión o a muerte en juicios injustos». «En toda la región, quienes defienden los derechos humanos y sacan a la luz los abusos de las autoridades suelen corren un gran riesgo por ello», aseguró Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el norte de África de Amnistía Internacional. «Los gobiernos deben dar a conocer la labor decisiva que realizan estas personas promoviendo y defendiendo derechos universales. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo que hacen es tacharlas de subversivas o alborotadoras y utilizar medios represivos para impedir sus actividades. En toda la región hay personas que se consumen en la cárcel por el simple hecho de haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión», explicó Smart.
Diversos abusos
«Unas veces se les recluye sin acceso al mundo exterior durante días o semanas, sin cargos ni juicio, y se les tortura. Otras se les detiene reiteradamente y se les somete a distintos tipos de abuso o a varios abusos a la vez. En ocasiones se les obliga a firmar documentos en los que confiesan delitos que ellos aseguran no haber cometido o en los que se comprometen a poner fin a sus actividades de defensa de los derechos humanos», indica informe. Además, es habitual utilizar la legislación nacional para silenciarlos y para tratar sus actividades como delitos. A menudo se les acusa de «insultos», «difamación», «difusión de información falsa» y «propaganda contra el Estado».
En Irán, por ejemplo, las autoridades pueden recurrir al menos a nueve leyes, «muchas de ellas coincidentes y poco precisas», para castigar críticas o manifestaciones que consideran insultos o difamación a funcionarios del Estado u otros cargos. En otros países como Egipto y Siria se recurre también a estados de excepción que llevan decenios en vigor «para imponer severas penas en juicios injustos ante tribunales de excepción», detalló Amnistía Internacional.
Apoyo de la comunidad internacional
Algunos defensores de los derechos humanos, como las personas que trabajan en los medios de comunicación, los profesionales del derecho y quienes defienden los derechos de las mujeres, corren especial riesgo debido a su profesión o a la causa que defienden, denunció la ONG.
«En una región donde, una y otra vez, los gobiernos no respetan los derechos humanos, el papel de estas personas es aún más decisivo. Para continuar con su labor, han de poder contar con el apoyo de la comunidad internacional», expuso Amnistía.
«Es hora de que los gobiernos de toda la región reconozcan la contribución decisiva de los defensores de los derechos humanos y tomen medidas para apoyar su labor. Deben poner fin de inmediato a la persecución que sufren y eliminar los obstáculos jurídicos y de otras clases que se utilizan para bloquear o restringir sus actividades», concluyó Smart.
