La catástrofe del “Prestige” recurrió a él. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea fue creado en 2002 para ayudar a las víctimas de desastres naturales. Esta subvención atiende operaciones urgentes de primera necesidad, como el restablecimiento de la energía o el agua y medidas provisionales de alojamiento y servicios de auxilio. Sin embargo, la supuesta rapidez con que debería actuar está en duda. Un informe del Tribunal de Cuentas en Luxemburgo asegura que la gestión “no es rápida”. El tiempo medio de espera para recibir la ayuda es de 12 meses desde la fecha de la catástrofe debido, entre otras cosas, al volumen de normas administrativas aplicables. Por ello, propone establecer procedimientos que faciliten y agilicen el proceso para que el Fondo sea realmente efectivo.
Imagen: Martin P
En agosto de 2002, Alemania, Austria, la República Checa y Francia sufrieron unas inundaciones que causaron importantes daños humanos y materiales. Las consecuencias fueron de tal magnitud para las regiones afectadas, que la Comisión Europea decidió crear ese mismo año el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con el objetivo de ayudar a las víctimas de desastres naturales.
Hasta final de 2006, el Fondo había proporcionado ayudas para un total de 23 catástrofes. Entre otros, los desastres atendidos fueron los incendios forestales de Portugal y la canícula de algunas regiones mediterráneas en 2003, la catástrofe del «Prestige» (España) y la erupción del volcán Etna (Sicilia).
En total, el Fondo distingue tres categorías de catástrofes: grave, sobrevenida en un país vecino y regional. En esta clasificación se incluyen inundaciones, incendios forestales, temporales, terremotos, mareas negras, condiciones climáticas adversas, erupciones volcánicas y explosiones. De acuerdo a la magnitud de la catástrofe, se establece el porcentaje de las ayudas, que es de un 2,5% si los daños son inferiores a 3.000 millones de euros y de un 6%, cuando son superiores a esta cantidad. En las catástrofes regionales y aquellas que afecten a países vecinos, se aplica un porcentaje único del 2,5% del total de los daños directos sufridos. También es importante prestar atención especial a las regiones periféricas o aisladas.
El presupuesto anual disponible del FSUE está fijado en 1.000 millones de euros, de los que cada 1 de octubre debe estar disponible una cuarta parte para cubrir la ayuda necesaria hasta final de año. Asimismo, del presupuesto total, las catástrofes regionales excepcionales optan cada año a un máximo del 7,5% (75 millones de euros).
Actuaciones
El Fondo complementa el esfuerzo público del Estado afectado. Es una subvención única destinada a llevar a cabo las operaciones urgentes de primera necesidad como:
- Restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras y equipamiento en los sectores de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza.
- Medidas provisionales de alojamiento y servicios de auxilio para atender las necesidades inmediatas de la población afectada.
- Seguridad inmediata de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.
- Limpieza inmediata de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales.
Cuando ocurre una catástrofe natural, las autoridades nacionales del Estado afectado disponen de un plazo de diez semanas para solicitar ayuda a la Comisión Europea. Para ello, deben informar detalladamente acerca de “los daños ocurridos, sus repercusiones sobre la población y la economía, el coste de las intervenciones, así como otras fuentes de financiación comunitaria, nacional o internacional que puedan intervenir”.
El importe que no se utilice en el plazo de un año tiene que ser reembolsado
Con la mayor brevedad, la Comisión debe determinar el importe de la posible subvención, proponer su movilización al Parlamento Europeo y al Consejo y, si ambas instituciones la aprueban, ésta ha de abonarse inmediatamente y en un solo pago. El Estado beneficiario es el responsable de la subvención y de la coordinación entre el FSUE y las demás fuentes de financiación. De hecho, tendrá que reembolsar el importe que no utilice en el plazo de un año y entregar a la Comisión un informe de ejecución en el que especifique los gastos efectuados.
Para comprobar la efectividad de este sistema, el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo presentó recientemente un informe sobre el funcionamiento del Fondo en el período 2002-2006. Las conclusiones, hechas públicas en junio, revelan que éste “no proporciona una respuesta rápida”, ya que el tiempo medio de espera para recibir la ayuda es de 12 meses desde la fecha de la catástrofe. “Los retrasos no están vinculados a la categoría o al tipo de catástrofe ni al origen de la solicitud”, precisa, sino que el tiempo necesario para movilizar los recursos depende, en su mayoría, del volumen de normas administrativas aplicables, la rapidez de la Comisión, la celeridad de la respuesta de las autoridades nacionales y la calidad de la información proporcionada por los solicitantes.
Para llegar a estas conclusiones, el Tribunal analizó un total de 23 solicitudes registradas hasta finales de 2006 y realizó una encuesta que corroboró cómo, efectivamente, la respuesta no fue rápida: “El plazo medio en recibir la ayuda fue de 375 días”, insiste el informe, que aconseja establecer procedimientos “destinados a facilitar cuanto antes a los Estados solicitantes directrices detalladas sobre los requisitos fijados para las solicitudes”. En concreto, establece un periodo de una semana como plazo deseable para que la región afectada informe a la Comisión de su intención de recurrir al Fondo y ésta le comunique, a su vez, los requisitos.
