Cinco años de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

¿Se cumple la Convención?

La Convención de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU y firmada por 155 países –España la ratificó el 3 de mayo de 2008– no se cumple de manera plena en nuestro país. Cinco años en vigor es mucho tiempo, pero no ha sido suficiente para conseguir su aplicación sin fisuras, ni «resistencias», según palabras de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Ana Peláez, miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, señala que aún se cometen vulneraciones «en todos los aspectos de la vida y en referencia a todo el articulado de la Convención. Esta vulneración comienza con la INVISIBILIDAD -quiere remarcarlo con mayúsculas- de las personas con discapacidad en las políticas públicas, presupuestos y sociedad en general».

Se han logrado grandes avances, pero aún se vulneran los derechos más fundamentales de las personas con discapacidad

Down España precisa que parte de la población española desconoce esta Convención, por lo que no todos los ciudadanos la reconocen y respetan. «Si bien es cierto que se han logrado grandes avances en los últimos años, aún se producen vulneraciones a los derechos más fundamentales», se insiste desde esta asociación.

Para Mario García, presidente de COCEMFE, los avances han sido relevantes, pero «queda camino por recorrer para que se aplique en todos los órdenes y aspectos que contempla». Destaca el papel de las entidades del sector para velar por su cumplimiento, con el CERMI a la cabeza, «el organismo independiente designado de manera oficial por el Estado para la supervisión y el seguimiento», aunque aboga por el trabajo de todos. «Debemos estar muy pendientes, más en estos tiempos de crisis, que no debe ser una coartada para los recortes sociales ni para el incumplimiento de la normativa», apunta.

Así lo estima también Juan Cid, presidente de FEAPS, quien reconoce «con toda claridad» que en nuestro país se cometen «sistemáticamente» vulneraciones de derechos cada día que «la actual situación económica no ayuda a remediar».

Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), coincide en que «los avances son innegables, aunque aún queda mucho por hacer». No obstante, recuerda que la Convención «es un poderoso texto que ha venido para quedarse y para constituirse en referencia obligada para cualquier Estado, sociedad e individuo».

Logros de la Convención

La Convención es un texto legal que promueve la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos: civil, social, educativo, sanitario y laboral. Está compuesta por 50 artículos y recoge todos los derechos relativos a los aspectos citados.

La Convención «es el hecho social, político y normativo más destacado en materia de discapacidad de los últimos tiempos», considera Mario García. En su opinión, sus principales logros son tres: haber conseguido la visibilidad de las personas con discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y la provisión de una herramienta jurídica vinculante para hacer valer los derechos.

La Convención puede recurrirse directamente ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas del Estado gracias a su inclusión en el ordenamiento jurídico, recalca Concha Díaz. Hasta el momento, 19 juzgados están especializados en cuestiones de discapacidad, aunque confía en que la cifra aumente y que, «de este modo, las personas con discapacidad puedan acudir a cualquier juzgado sin temor a que se ignoren sus derechos«. Todos los Estados que la han suscrito están obligados a adaptar sus legislaciones.

La Convención «es un soporte normativo desde el cual poder reivindicar el ejercicio pleno de los derechos, en igualdad de condiciones con el resto», precisa Juan Cid. Estos derechos están planteados de manera clara y se refieren a todas las circunstancias reales de la vida de las personas con discapacidad. «Se nota que la Convención ha tenido en cuenta las aportaciones planteadas desde el ámbito de las organizaciones sociales que representan a estas personas», agrega.

La Convención contribuye a normalizar la vida de las personas con discapacidad.

• Ana Peláez matiza que «ha supuesto un cambio de paradigma en la forma de entender la discapacidad, desde un modelo médico, en el que a los aspectos puramente sanitarios y asistencialistas se unían consideraciones de tipo caritativo, a un modelo basado en el concepto de derechos humanos, donde el objetivo es la igualdad de oportunidades y la no discriminación».
• Concha Díaz defiende que las personas con discapacidad pasan «de la mera visión médico-rehabilitadora y asistencialista, a otra mucho más social» a favor de la participación efectiva en la sociedad.
• Juan Cid apoya que la Convención «modifica el propio concepto de discapacidad, que ya no es solo el déficit o deterioro que la persona padezca, sino la forma en que su interacción con las barreras sociales impide o limita su inclusión social».

Reivindicaciones de las personas con discapacidad

Puesto que la Convención recoge todos los derechos de las personas con discapacidad, las asociaciones reivindican su cumplimiento sin excepción. El CERMI llama a las organizaciones de la discapacidad a «hacer una revolución interna, de alcance, para ser los verdaderos promotores de los contenidos de la Convención de la ONU, como principales interesados». Entre sus reivindicaciones, las siguientes.

• Incorporar de forma gradual y transversal en todas las políticas públicas las cuestiones que afecten a las personas con discapacidad, «eliminando las barreras y obstáculos que originan la discapacidad en todos los aspectos de la vida», reclama Ana Peláez. Estos pasos no deberán estar sujetos a cuestiones presupuestarias, «porque estaremos hablando de DERECHOS -de nuevo lo remarca con mayúsculas- y no de prestaciones».

• Igual reconocimiento ante la ley. Para Ana Peláez, «según las evidencias que se tienen hasta la fecha», el artículo 12 donde se recoge esta igualdad plantea algunas cuestiones «que deben abordarse con una particular atención para respetar el espíritu del tratado en su implementación».

• Trabajar en igualdad de condiciones. Down España pide el cumplimiento de este derecho (artículo 27) y reclama al Gobierno «que ponga recursos y promueva el empleo con apoyo, como la única fórmula de inserción laboral que permite una verdadera inclusión». Considera que los «entornos protegidos» segregan e impiden llevar una vida normalizada.

• Acceso a la información y la cultura. Down España elabora materiales en lectura fácil, «adaptados al nivel curricular y a la comprensión lectora de las personas con síndrome de Down», para mejorar la accesibilidad al entorno educativo, laboral y de ocio.

• Accesibilidad como principio rector y elemento clave «que condiciona la efectividad de muchos de los derechos del tratado», añade Ana Peláez. Esto exige un compromiso de la comunidad internacional para su plena consecución.

• Denuncia de toda discriminación por motivos de discapacidad. Hace algunas semanas, en una discoteca de Sabadell, se prohibió la entrada a un grupo de jóvenes con síndrome de Down. En Almería, un hotel se negó a admitir a otro grupo porque «podrían molestar al resto de los clientes del hotel».

• Intérpretes de lengua de signos. Concha Díaz señala que su ausencia en el día a día supone la vulneración del derecho a la comunicación, a la educación, a la información, al trabajo, a la formación, a la justicia o a la sanidad.

• Adecuación del Código Civil y de la ley procesal a lo establecido en materia de capacidad jurídica. Juan Cid afirma que desde el movimiento asociativo se espera «una apuesta decidida» del Gobierno en este sentido, «lo que debe llegar a una radical modificación de la actual regulación en materia de incapacitación y tutela».

Además de estas, para Ana Peláez, son áreas prioritarias de interés la participación política de las personas con discapacidad y sus derechos sexuales y reproductivos.