La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha expresado su deseo de aprovechar la jornada de hoy, en la que se celebra el Día de las Naciones Unidas, para pedir al Gobierno que acelere la modificación de las leyes españolas para que se adapten a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
España ratificó en su día este tratado internacional, que en nuestro país entró en vigor el 3 de mayo de 2008, en virtud del cual todas las leyes que se aprueben «deben llevar el sello de universalidad y las leyes que ya tenemos vigentes se deben adaptar a la misma, para que definitivamente se reconozca al colectivo de personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho en todos los países del mundo», recuerda el presidente de COCEMFE, Mario García.
Sin embargo, la adaptación legislativa no se lleva a cabo con la suficiente celeridad, a pesar de que «en marzo de este año el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley que instaba al Gobierno a impulsar una normativa transversal que adapte la legislación española a la Convención de la ONU».
García incide en que «las personas con discapacidad necesitan que se acabe con las vulneraciones de sus derechos y que estos sean restituidos lo antes posible, puesto que la Convención lleva en vigor en nuestro país más de año y medio». Por ello, reclama la introducción de las reformas legales necesarias, pero también derogar las leyes que queden obsoletas, porque «a estas alturas no se puede consentir que existan elementos discriminatorios en determinadas normas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o incluso a la hora de actuar como testigos en determinados actos notariales y para participar como miembros del Jurado en un proceso judicial».
El presidente de COCEMFE también señala que la Ley de Autonomía Personal debe orientar el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) hacia la vida independiente y la perspectiva de vida en comunidad. Además debe reforzar la autonomía personal con nuevas prestaciones «con el rango de derechos como productos de apoyo y actuaciones de accesibilidad, tanto en el domicilio como en el entorno de las personas dependientes».
