La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) ha calculado el sobreesfuerzo económico al que deben hacer frente las familias para atender a un ser querido con estas discapacidades: una media de 24.237 euros anuales. “Los recortes en la Ley de Autonomía Personal, el establecimiento del copago de servicios sociales básicos en muchas comunidades, así como la falta de apoyos, colocan a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias ante un claro riesgo de exclusión social”, advierte esta organización. A continuación, se recogen los detalles del informe en el que FEAPS pone de manifiesto esta situación.
Gasto anual según el grado de discapacidad
Los recortes sociales y el sistema de copago de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal han agravado la situación de las familias con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a su cargo. En total, cada año han de gastar una media de 24.237 euros para atenderlas, aunque la cifra varía en función del grado de discapacidad de la persona y de las medidas compensatorias recibidas:
- Límite 50% Grado I: 10.188 euros anuales.
- Grado I: 16.082 euros anuales.
- Grado II: 24.562 euros anuales.
- Grado III en residencia: 10.921 euros anuales.
- Grado III en domicilio: 47.129 euros anuales.
Este desembolso económico se recoge en el informe «El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014», elaborado por FEAPS, con la colaboración de Zohar Consultoría & Marketing Social. En él se incluyen los motivos que hacen necesario este gasto. Son tres:
- 1. Menores ingresos de las personas con discapacidad intelectual, ya que solo una de cada cuatro personas trabaja. En porcentaje, la tasa de actividad es del 28%, la de paro del 35% y el salario medio es un 56% menor que el de una persona sin discapacidad intelectual.
- 2. Costes específicos derivados de la propia discapacidad. Se ha registrado un aumento de los costes de farmacia, transporte, ocio y cuidados, que afecta sobre todo a las personas con mayores necesidades de apoyo. En su caso, pueden alcanzar los 2.609 euros.
- 3. Copago de servicios sociales. En las comunidades autónomas donde se aplica el copago, este supone el 24% del sobreesfuerzo económico. La renta media de las personas con discapacidad es de 6.960 euros anuales. De esta cantidad deben destinar 864 euros al copago anual en un centro de día y 5.760 euros al copago anual en una residencia. Por ello se entiende que las medidas compensatorias son insuficientes.
Consecuencias para las familias
El informe advierte de que este sobreesfuerzo económico empeora la situación de las familias, cuya capacidad adquisitiva disminuye. En función del punto de partida de cada unidad, este empeoramiento puede derivar en el empobrecimiento y grave riesgo de exclusión social de las familias. Y es que el coste no solo es económico, por el desembolso que supone, sino que limita las posibilidades de las familias para trabajar fuera del hogar.
El apoyo al familiar con discapacidad deriva en pérdidas de oportunidades laborales o necesidad de reducir la jornada
El apoyo que necesita una persona con discapacidad intelectual se traduce a veces en pérdidas de oportunidades laborales o necesidad de reducir la jornada, al tener que apoyar a la persona con discapacidad y carecer de recursos económicos para pagar los servicios de otra persona que se encargue de los cuidados. Solo si la persona se aloja en una residencia los familiares disponen de tiempo para trabajar. En total, según el grado de discapacidad, se requieren desde un mínimo de 61,1 horas mensuales, para una discapacidad de Grado I, a 251,4 horas mensuales para una discapacidad de Grado severo III, cuando la persona reside en el domicilio.
Por todo ello, FEAPS propone un cambio en la legislación para atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la retirada del copago, ya que su aplicación a los servicios sociales más básicos «anula por completo la política social en España».
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular “No al copago confiscatorio” (#NoAlCopagoConfiscatorio) para pedir que se le ponga fin. A esta iniciativa se han unido organizaciones de la discapacidad, como FEAPS, que han mostrado su rechazo al pago por parte de las familias de parte de los servicios que requieren las personas con discapacidad.
El objetivo es “la modificación de la Ley de Autonomía Personal para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social”. En total, se requieren 500.000 firmas para avalar la iniciativa. El CERMI reclama “criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada”.
