La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) implica el reconocimiento legal por parte de todos los Estados de garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia; unos derechos cuya ejecución debe quedar reflejada en los presupuestos de las administraciones públicas. A pesar de ello, los avances en este campo son escasos. En el caso de nuestro país, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño recomendó realizar la evaluación de presupuestos, especificar las partidas destinadas a infancia y garantizar la protección de esas partidas en situaciones de crisis económica.
Cómo saber cuánto dinero público se invierte en la infancia
En general, la recomendación del Comité de los Derechos del Niño no se contempla en la elaboración de los presupuestos de las administraciones públicas. Por ello, desde UNICEF se avanza con la elaboración de una metodología que permite analizar los presupuestos y finanzas públicas en clave de infancia, identificando las partidas esenciales, el importe asignado a infancia y la mayor o menor orientación del gasto presupuestario hacia los derechos de los niños y las niñas. Hay que señalar que el objetivo de la herramienta no es medir el impacto que el gasto presupuestario tiene sobre los niños y niñas, sino identificar qué cantidad se destina a infancia.
Esta metodología de medición presupuestaria se sustenta en cuatro elementos clave:
? 1. Se considera “infancia” a la población menor de 18 años.
? 2. El “programa” es la unidad de análisis. Este es el elemento clave para la aplicación de la metodología. En general, se toma el conjunto del programa como la unidad básica de análisis para la clasificación de su gasto según los criterios que se decidan, por ejemplo, alrededor de la llamada “denominación funcional”. Para ello se realiza un análisis detallado y pormenorizado de diferentes elementos (llamados denominaciones funcionales). Un ejemplo sería la denominación funcional “Parques, jardines e infraestructuras verdes”.
? 3. La consideración del conjunto del gasto del presupuesto sobre la base del criterio de ejecución del gasto. Solo existen unas partidas que la metodología no considera como son las transferencias internas, la variación de activos y pasivos financieros y las transferencias a otras administraciones públicas y al exterior, ya que el gasto se signa a la administración que lo ejecuta. A diferencia de otras metodologías en las que solo se considera el gasto denominado “social”, esta perspectiva tiene en cuenta el conjunto del gasto.
? 4. Un criterio que clasifica los gastos en una tipología a través de la cual determinar qué parte está orientada a infancia. Estos tipos de gasto son los siguientes:
- a. Los que requieren la presencia de menores o actividades relacionadas específicamente con niños y niñas, pero no de adultos. Ejemplo: los gastos en educación infantil. En este caso, el 100 % del gasto se considera destinado a infancia.
- b. Los que requieren la presencia de adultos. Ejemplo: pensiones de jubilación o educación de personas adultas. Este gasto no se considera destinado a infancia.
- c. Los que requieren la presencia de adultos y de niños. Ejemplo: programas de apoyo a la familia. En este caso, el gasto a infancia se asigna según el peso de la infancia en ese colectivo particular.
- d. Aquellos para cuyo beneficio no son imprescindibles ninguno de los grupos (niños y adultos) y se dirige a la población total a la que se refiere el presupuesto (General). Un ejemplo son los gastos en medio ambiente. Son los denominados “bienes públicos”. En este caso, el gasto destinado a infancia se asigna según su peso en la población total, que, por lo general, ronda el 15-20 %.
- e. Aquellos para cuyo beneficio no son imprescindibles ninguno de los grupos y se dirige a un determinado colectivo. Un ejemplo son los programas de políticas activas de empleo (16-64 años). En este caso, es un bien público para aquellos que forman parte de la población activa. Así, el gasto destinado a infancia se asigna según el peso de la infancia en ese segmento. En el caso de las políticas activas de empleo, la población activa menor de edad en Euskadi ronda el 0,53 %, por lo que sería este el porcentaje de gasto destinado a infancia.
Como resultado de esta clasificación, la metodología identifica los siguientes elementos:
- 1. El gasto estricto en infancia. Incluye el gasto que está orientado a infancia con independencia de otros factores (gasto a+c). Esta tipología es clave dado que su relevancia marca el esfuerzo orientado a infancia en el diseño de los presupuestos.
- 2. El gasto ampliado en infancia. Incorpora el gasto que está orientado a infancia añadiendo aquel que se destina a infancia en función de su peso en determinados segmentos de la población (gasto a+c+e).
- 3. El gasto total en infancia. Incluye la totalidad del gasto destinado a infancia (gasto a+c+d+e). Asimismo, la identificación y cuantificación del gasto en infancia se lleva a cabo también según los derechos de la infancia (de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño). Estos derechos se agrupan en cuatro conglomerados (supervivencia, desarrollo, protección y participación) divididos, a su vez, en distintas categorías (alimentación, vivienda, salud, etc.).
Análisis de los gastos fiscales
Además del presupuesto de gastos, la metodología también incorpora en el análisis los llamados “gastos fiscales”, que es la disminución de ingresos tributarios como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social. En este sentido, algunas políticas orientadas a infancia se implementan a través de incentivos o deducciones fiscales, por lo que es imprescindible conocer qué parte de ellos está destinada a infancia.
Estos resultados sirven no solo para identificar la cuantía de gasto en infancia y ponerla en valor, sino que también representan una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de invertir en infancia como base de un desarrollo sostenible.
Desde UNICEF se anima a las administraciones públicas a que implementen esta metodología y conozcan qué inversión realizan en infancia para abordar las posibles brechas existentes, fomentar la participación social para la inclusión de los derechos de niños y niñas en los presupuestos y proteger el gasto o, más bien, la inversión en infancia en momentos de recortes en el gasto público.