Once años después de la entrada en vigor del llamado Tratado de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona, 40 países siguen negándose a firmarlo, según denuncia Intermón Oxfam. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Rusia o China, principales productores mundiales de minas. Mientras, «miles de personas pasan anualmente a formar parte de un impresionante ejército de mutilados», señala la ONG.
El 4 de abril fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Acción contra las Minas Antipersona, «armas mortíferas cuyo impacto va mucho más allá del daño físico», advierte Intermón.
La organización humanitaria denuncia que el impacto de las minas «es más profundo y devastador que los efectos de cualquier otra arma: no sólo cercenan miembros o vidas, también impiden el libre acceso de los campesinos a sus tierras, de las mujeres a los pozos de agua o de los niños al colegio». Esto provoca que muchas tierras se queden sin cultivar y familias pobres vean mermados sus ingresos.
15.000 víctimas
Cada año las minas antipersona provocan en el mundo 15.000 nuevas víctimas. Colombia, Camboya, Afganistán, Angola, Bosnia o Irak se encuentran entre los países más afectados.
Los 300.000 supervivientes a este drama, que en su mayoría sufren algún tipo de mutilación, no reciben la asistencia necesaria para superar las secuelas físicas y morales. Según Intermón, desde 1997, los 151 países firmantes del Tratado de Ottawa sólo han dedicado un 10% de la cantidad necesaria calculada por las ONG para financiar los programas de atención y rehabilitación de las víctimas.
Localizar, desactivar y destruir una mina supera los 750 euros, mientras que fabricarla no llega a los tres euros
Quienes han sufrido la pérdida de una o dos piernas a edades tempranas necesitarán cambiar de prótesis unas 25 veces durante su vida, lo que supone un coste económico de hasta 3.000 dólares por familia, cifra imposible de asumir para la mayoría de afectados, que viven en países con rentas inferiores a los 40 euros al mes.
Además, el desminado supone un enorme gasto. Localizar, desactivar y destruir una mina supera los 750 euros, mientras que fabricarla no llega a los tres euros. Intermón Oxfam afirma que Camboya, uno de los países más minados del mundo, tendría que emplear el equivalente a su PIB de cinco años para eliminar totalmente las minas enterradas.
Destrucción de reservas
Desde 1999, 156 países han firmado el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales, y todos ellos están obligados a destruir sus reservas en los diez años siguientes a la entrada en vigor del mismo. Este año, 16 de los 26 países que tendrían que eliminar su arsenal no lo lograrán, según la Campaña Internacional por la Eliminación de las Minas Antipersonales (ICBL).
Estos países son: Bosnia-Herzegovina, Chad, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Jordania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Perú, Reino Unido (por las Malvinas), Senegal, Tailandia, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.
Dieciséis de los 26 países que tendrían que eliminar este año su arsenal no lo lograrán
En muchos de los casos, la razón principal para no cumplir los objetivos son «injustificables retrasos en el inicio de las operaciones» de eliminación. Esto es así en Dinamarca, Ecuador, Perú, Senegal, Níger, Reino Unido y Venezuela.
Entre los que sí han cumplido el objetivo de eliminar antes de 2009 todo su arsenal de minas están Bulgaria, El Salvador, Guatemala, Honduras, Macedonia, Malawi y Suazilandia, mientras que Yibuti, Francia y Uganda van camino de conseguirlo.
Por su parte, Bielorrusia, Grecia y Turquía, con fecha límite para el 1 de marzo de 2008, no destruyeron sus grandes reservas, y como no existe ninguna posibilidad de extensión, están violando el Tratado.
