El 57% de la población de El Salvador vive en situación de pobreza, lo que repercute de manera negativa en la nutrición de la población. Además, la calidad de vida de los ciudadanos de este país se ha deteriorado en los últimos tres años, según recoge las conclusiones del segundo «Informe sobre el Estado del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada», presentado por Ayuda en Acción y la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador y que hace referencia al periodo que comprende desde 2007 hasta finales de 2010.
El documento también señala que en los últimos 10 años los casos de anemia se han incrementado en más del 20% en niños menores de 5 años, de los cuales la mayor parte son menores que viven en zonas rurales. Además, 173.000 niños se ven obligados a trabajar para contribuir a los ingresos familiares.
Ayuda en Acción indica que los factores que limitan el acceso a los alimentos tienen que ver con la desigualdad social y la pobreza. En El Salvador, «la tenencia y uso de tierra para poder cultivar y producir los alimentos que consumen los salvadoreños aún es un problema. La introducción de nuevas tecnologías de producción como semilla mejorada y la semilla transgénica hacen que la producción de alimentos sea cada vez mayor, pero el problema es la calidad». Además, según la directora de la ONG en El Salvador, Ana Lorena de Orellana, «el uso de fertilizantes para agilizar la producción no es la solución adecuada».
El informe incide en la importancia de que el país produzca el alimento que el pueblo consume y en el reconocimiento de la seguridad alimentaria como un derecho humano. «Las acciones deben atender situaciones estructurales como la pobreza, la desigualdad y la debilidad de la producción agropecuaria», señala la organización humanitaria.
Las conclusiones del informe indican que «el Estado salvadoreño en el período examinado no cumplió plenamente su obligación constitucional e internacional de implementar medidas y políticas adecuadas para lograr de manera progresiva un nivel de vida adecuado a favor de la población salvadoreña, en especial en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional», destaca Ayuda en Acción.
En las recomendaciones del estudio se han abordado diversos aspectos de políticas públicas que se deberían implementar «para cumplir las obligaciones estatales en materia alimentaria». Se recomienda al Ejecutivo salvadoreño a «que conforme a sus obligaciones constitucionales, se enfrente con adecuadas políticas públicas y una mayor inversión social, las necesidades derivadas del hambre, la desnutrición y malnutrición, así como el problema de la pobreza, el desempleo, el subempleo, la falta de oportunidades y otras problemáticas económicas, sociales y ambientales, a fin de mejorar el acceso una alimentación adecuada y a otros derechos fundamentales vinculados al bienestar y dignidad de las familias en nuestro país».
