La denuncia de la Fiscalía contra la Fundación Intervida ha pasado al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, después de que el Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona se inhibiera del caso el pasado 17 de agosto debido a la complejidad de la investigación y al hecho de que las personas afectadas fueran de toda España.
En el correspondiente auto, la jueza del juzgado barcelonés indicaba que «no se ha hecho ningún seguimiento ni control para ver si el dinero se dedica realmente a mejorar las condiciones de vida del sector de la población más necesitado, como se indica en las campañas publicitarias». Y añadía: «hasta el momento la única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Intervida es la de captar dinero de sus padrinos».
Según la magistrada, el objetivo de los querellados era el de obtener grandes cantidades de dinero a través de un complejo entramado de fundaciones y sociedades en España, Perú y Guatemala «para destinarlo al mundo empresarial, y más concretamente a los sectores de la construcción, inmobiliario y bancario».
El pasado 11 de julio la jueza ordenó el registro de las cinco sedes de la Fundación Intervida en Barcelona y designó a tres administradores judiciales para que gestionaran la ONG. A su vez, ordenó intervenir el grupo y suspender temporalmente a toda la directiva.
La jueza tomó estas decisiones una vez admitida a trámite la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra Intervida por los presuntos delitos de apropiación indebida de fondos, delito societario, estafa y asociación ilícita.
Se estima que más de 60 millones de dólares se podrían haber camuflado bajo el epígrafe de «gastos para apadrinamiento». Este dinero habría ido a parar a sociedades como la Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-Ahorro o Enriquecidos Lácteos, cuyos directivos lo eran también de Intervida.
