El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha anunciado la futura puesta en marcha de una red de defensa jurídica de la discapacidad a través de la cual se quiere accionar «los mecanismos del Estado de Derecho para extender la protección jurídica de las personas con discapacidad y sus familias». La red de trabajo, denominada Defensa Legal Discapacidad (DLD), estaría constituida por los asesores jurídicos de las organizaciones miembro del CERMI que libremente deseasen sumarse a la iniciativa.
Con esta red, el CERMI quiere dar un paso más en la defensa de las personas con discapacidad contra situaciones de violación de derechos, discriminaciones, tratos desiguales e incumplimientos de normas. Su idea es constituir una estructura «informal de comunicación, alerta, análisis y acción de hechos, situaciones, prácticas y decisiones que por comportar una carga grave de discriminación hacia las personas con discapacidad y sus familias, deben ser objeto de acciones de defensa jurídica, con arreglo a los múltiples mecanismos y dispositivos que permite el ordenamiento jurídico».
La red de defensa jurídica actuará de acuerdo con el «marco orientador» que supone la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el resto de legislación aplicable en la materia, «para que ninguna violación de calado quede sin denuncia». Además, la iniciativa implicará también a operadores jurídicos ajenos al sector de la discapacidad pero comprometidos con la protección legal de esta parte de la ciudadanía que, bajo la consigna de «tolerancia cero» contra la discriminación, «extenderá la cultura de defensa activa contra las vulneraciones de derechos».
