El derecho internacional establece que los «pueblos indígenas y tribales son dueños de las tierras en que viven y que usan». La protección y la garantía de que se cumplen los derechos de estos pueblos se halla en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un convenido que se adoptó hace casi 50 años, primero en forma del Convenio 107, que data de 1957, y después actualizado como el Convenio 169 de 1989. El convenio es general y ampliamente considerado como el pilar sobre el que se basan todos los otros convenios, políticas o legislaciones del derecho internacional en materia indígena
Es el pilar sobre el que se basan todos los otros convenios, políticas o legislaciones del derecho internacional en materia indígena.
Este acuerdo no sólo garantiza los derechos de los indígenas de forma individual, sino también sus derechos colectivos como pueblo. Tienen particular importancia los artículos 13 y 14 que afirman que los gobiernos deberán reconocer a los pueblos tribales el derecho de propiedad de la tierra que han ocupado tradicionalmente, en particular en los aspectos colectivos.
Los derechos colectivos sobre la tierra y los recursos son vitales para la supervivencia de los pueblos indígenas. Los yanomami de la Amazonia, por ejemplo, viven en grandes casas comunales que reciben el nombre de ‘yanos’. «El concepto de «propiedad individual» de dichas construcciones no tiene sentido y el derecho de una tribu a decidir, por ejemplo, si debería permitirse a una empresa minera realizar prospecciones en sus tierras, sólo tiene sentido como un derecho colectivo», explican desde la organización Survival.
Nuestro país acaba de ratificar este Convenio 189 de la OIT hace apenas una semana, después de que numerosas organizaciones como Survival lleven años haciendo campaña para tal fin. “Para un país como España, que no tiene pueblos tribales en su territorio, esta deseada ratificación del Convenio 169 significaría una muestra de solidaridad hacia los pueblos indígenas y tribales, así como un ejemplo para aquellos gobiernos que aún no han ratificado el convenio, reforzando su valor como estándar internacional”, aseguran desde esta organización. “Las acciones de gobiernos como el de España – añaden- tienen un impacto directo sobre los pueblos tribales, no sólo como miembros de instituciones internacionales que interaccionan con ellos, tales como el Banco Mundial, sino también a través de proyectos de cooperación y de la participación en la financiación y las iniciativas de la Unión Europea”. Otros países europeos, tales como Dinamarca, Noruega o los Países Bajos, ya han ratificado el Convenio 169, algunos hace más de 15 años (Noruega lo ratificó en 1990).
Por otro lado, hay países europeos, como el Reino Unido, que declaran que estos derechos colectivos de vital importancia deberían ser derechos individuales “ejercidos de forma colectiva”. En EEUU, la ley Dawes de 1887 demostró el peligro que encierra este enfoque: al amparo de esta ley, las tierras comunales indígenas fueron convertidas en parcelas individuales que pudieron así ser vendidas; 90 millones de acres (unos 37 millones de hectáreas) de tierras indígenas se eliminaron de golpe, y las reservas quedaron divididas.
