La secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, anunció ayer el propósito del Gobierno de realizar un seguimiento a las sentencias judiciales polémicas o exculpatorias sobre casos de violencia doméstica. El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabajan para establecer un protocolo de actuación y en un plazo de dos meses se creará una comisión al efecto.
«Es una medida novedosa y servirá para hacer un seguimiento de todas las sentencias que no se entienden», dijo Dancausa, que recordó que el judicial es uno de los principales «agujeros negros» en la lucha contra la violencia de género, y uno de los que más quejas suscita entre las propias víctimas.
La responsable de Asuntos Sociales participó ayer junto al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en la XII Conferencia Sectorial de la Mujer, y subrayó la relevancia de esta futura medida para detectar posibles fallos y disfunciones en el sistema judicial.
Dancausa apeló de nuevo a los jueces para que, en aplicación respetuosa de la ley, apliquen el máximo rigor a los agresores, extremen las medidas cautelares y «sean más contundentes en las sentencias». Los responsables del Ministerio repasaron junto a los representantes de las comunidades la marcha del II Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (2001-2004), para constatar, según Dancausa, que a pesar de los escasos meses de vigencia, el 64% de las medidas previstas están ya en marcha.
Entre ellas, la implantación en todas las fiscalías provinciales de un registro provincial de denuncias por agresiones y violencia doméstica, que avanza con lentitud aunque los responsables del Ministerio esperan tener a punto en toda la geografía española para finales de año. Este mecanismo será clave, según los expertos, para agravar la calificación penal de las agresiones. En la actualidad, las denuncias por malos tratos caen aleatoriamente en distintos juzgados, incluso tratándose de los mismos protagonistas y del mismo caso, por lo que, aisladas unas denuncias de otras, casi siempre son consideradas simples faltas. Agrupadas todas ellas se les puede dar la calificación de delito y agravar, por tanto, las penas correspondientes.
