España recibió 3.414 peticiones de asilo el año pasado, frente a las más de 56.000 de Francia o las 53.200 de Alemania, lo que sitúa al país en el puesto 24 de los miembros de la Unión Europea (UE) en peticiones recibidas por cada millón de habitantes. Estos datos se recogen en el X Informe anual de la Comisión Española de ayuda al refugiado (Cear), que refleja un descenso del 65% en las solicitudes de protección internacional a España en la última década.
El responsable de incidencia política de la organización, José Antonio Rubio, y la secretaria General, Estrella Galán, atribuyeron estas cifras al uso del derecho de asilo en España como un mecanismo de control de la inmigración y a la externalización de las fronteras. En rueda de prensa junto al presidente de CEAR, Carlos Berzosa, Rubio explicó que la tendencia en las solicitudes de protección es «regresiva», aunque el año pasado aumentaron un 24,4%, algo «anecdótico» porque se debe a la acogida de presos cubanos liberados por acuerdo entre España y Cuba.
Del total de solicitudes registradas el año pasado, 2.693 tuvieron lugar en territorio nacional, 344 en puestos fronterizos, 261 en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 116 en embajadas. Los grupos de solicitantes más numerosos fueron los procedentes de Costa de Marfil (550), Cuba (440) y Nigeria (259). Según el informe, durante 2011 se admitieron a trámite 2.712 solicitudes, el 84,5% de las cursadas, mientras que se denegaron 392, todas tramitadas en fronteras y en los Centros de Internamiento, donde a juicio de CEAR, se emplea «un uso abusivo» de la falta de verosimilitud del testimonio como causa de denegación. «Esta decisión de denegar las solicitudes presentadas en frontera responde únicamente a un objetivo bien preciso: el endurecimiento de las condiciones de entrada en España y su repercusión en la gestión de los flujos migratorios», explica el informe.
Por lo que se refiere a Ceuta y Melilla, CEAR denuncia que se han convertido en «dos casos paradigmáticos de la implementación de estrategias orientadas a provocar un descenso en la petición de asilo», ya que desde 2010 se restringió el acceso a la Península de quienes tenían admitida a trámite la solicitud para evitar un «posible efecto llamada» hacia las ciudades autónomas. Sin embargo, 3.345 personas entraron irregularmente en Ceuta y Melilla en 2011, un 50% más que en 2010 pese a la implantación de esta medida, mientras las solicitudes de asilo caían solo en Ceuta, un 36%.
Aunque unas ocho de cada 10 solicitudes se admiten a trámite, solo una de ellas obtiene el reconocimiento final. El 9,5% de los solicitantes en 2011, 326 personas, obtuvieron así el estatuto de refugiado en España, mientras que el 17,4% (595 personas) recibieron protección subsidiaria. En total, 2.512 personas, el 73,5% de los solicitantes, no obtuvieron la protección que pedían. Con todo, se ha incrementado un 33,1% el índice de reconocimiento de la condición de refugiado y la protección subsidiaria ha crecido un 69,5% respecto de 2010, aunque CEAR incide en que los porcentajes «son muy bajos».
