Un informe de la ONG Save the Children advirtió ayer de que existen «escasos o nulos» recursos específicos para la lucha contra la violencia de género en niños, a pesar de sus necesidades especiales como víctimas directas de esa violencia.
Algunos de los problemas recogidos en el estudio, basado en entrevistas con profesionales, instituciones y madres e hijos víctimas procedentes de siete comunidades autónomas, son que las casas de acogida no aceptan a niños varones mayores de 12 años, faltan registros sobre los menores que viven en centros con sus madres y hay ausencia de espacios especiales para ellos en sedes policiales o judiciales. La ley integral contra la violencia de género recogió a los niños y niñas como víctimas en su exposición de motivos, pero se olvidó de desarrollar medidas concretas, por lo que, si bien no es necesario reformarla, sí lo es «ampliarla», explicó la coordinadora del informe, Pepa Horno.
Sin embargo, también hay datos para el optimismo. Así, Save the Children reconoce los esfuerzos que han comenzado a realizar en los últimos meses las diferentes administraciones y destacó como ejemplo los programas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que han incluido educadores especializados en menores en los centros de atención de mujeres.
Hornos destacó que los niños no son víctimas porque sean testigos de la violencia entre sus padres, sino porque «viven en la violencia». Todos los profesionales entrevistados coinciden en que son víctimas de la violencia psicológica, a veces también física, y que crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre adultos. Para Save the Children, la actual situación posibilita la «victimización secundaria» de los menores, que son objeto de protección porque lo son sus madres, pero no son sujetos de derechos.
La ONG destacó, entre sus recomendaciones, la necesidad de coordinar las actuaciones de los sistemas de protección a la infancia y de protección a la mujer y de facilitar a los profesionales una formación interdisciplinar. Se pide también a las administraciones que refuercen la atención no residencial a mujeres y niños, para que puedan permanecer en su domicilio; que promuevan programas de tratamiento terapéutico específicos para cada víctima, y que no se excluya a los adolescentes varones ni a los problemáticos de los centros residenciales.
Además, es preciso incrementar los escasos recursos existentes para las víctimas -mujeres o niños- con discapacidad y disponer de espacios y recursos específicos para la atención de los niños en sede policial y judicial, ya que ahora no es extraño encontrar a los pequeños en los pasillos de los juzgados mientras sus padres están en la sala, según este informe.
