Del 5 al 7 de diciembre se celebrará en Viena la próxima reunión internacional sobre bombas de racimo del llamado Proceso de Oslo. Con motivo de este encuentro, Greenpeace y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han reclamado al Gobierno español que de su máximo apoyo al Tratado Internacional para prohibir este tipo de armamento.
Ambas organizaciones denuncian los efectos de las bombas de racimo sobre la población civil de zonas en conflicto. Y lo hacen a través del testimonio de cuatro niños supervivientes de este armamento y de minas antipersona que han llegado a Madrid desde Camboya acompañados por Kike Figaredo, obispo español en ese país.
Estas bombas son especialmente letales para las poblaciones civiles, ya que contienen en su interior cientos de submuniciones que se dispersan cuando el artefacto explota. Por eso en ocasiones se las llama «lluvia de acero». Según varios estudios, el 98% de sus víctimas son civiles.
Pero no sólo afectan a la población durante los bombardeos, sino mucho tiempo después de que el conflicto haya terminado. Se estima que entre un 5% y un 30% de esas submuniciones no estallan, y quedan esparcidas en las carreteras, campos de cultivo, aldeas y núcleos urbanos, actuando como minas antipersona.
Horror cotidiano
En Camboya, los bombardeos de EE.UU. con bombas de racimo entre 1969 y 1973 siguen hoy en día provocando muertos y mutilados como consecuencia de los restos explosivos que no detonaron. De esta realidad ha sido testigo Kike Figaredo, quien acaba de llegar a Madrid acompañado de cuatro niños camboyanos víctimas de estas bombas para ofrecer su testimonio sobre este horror cotidiano.
«Lo que quiero contar es que, más allá de las cifras, lo que resulta afectado es la vida diaria de numerosas personas. Y que los gobiernos occidentales, entre ellos el español, no pueden cerrar los ojos a esta realidad y seguir vendiendo armas como si el resultado final no fuera con ellos. No se puede seguir haciendo negocio con la vida de los inocentes», denuncia Figaredo, quien lleva a cabo en Camboya proyectos de rehabilitación y reintegración social para personas mutiladas como consecuencia de estas armas.
Greenpeace afirma que España es uno de los países en los que se fabrican bombas de racimo. «Está confirmado que al menos dos empresas (Expal e Instalaza) así lo hacen, aunque la falta de transparencia hace imposible saber dónde las venden. El Ejército español también se cuenta entre aquellos que tienen un arsenal de este tipo de armamento», explica la organización ecologista.
Por ello, pide al Gobierno «que demuestre su compromiso con la paz adoptando medidas en el ámbito nacional, como la prohibición de que se fabriquen, vendan y almacenen bombas de racimo en España».
