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El 80% de los españoles es partidario de que todas las personas inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, tengan asistencia jurídica gratuita. Según el primer sondeo sobre inmigración y asistencia jurídica, presentado finales de 2006 por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas cree que sólo los inmigrantes «legales» deberían tener los mismos derechos y obligaciones que los españoles, pero sólo un 20% les niega el disfrute de una justicia gratuita.
La asistencia gratuita está reconocida desde 2003 a todas las personas inmigrantes que residen en España
Lo que desconoce la mayoría, en concreto el 63% de las personas encuestadas, es que esta asistencia gratuita está reconocida desde 2003 a todas las personas inmigrantes que residen en España y carecen de medios económicos. Incluso los extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa pueden acogerse a este derecho. El artículo 22 de la Ley de Extranjería así lo especifica: «Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice».
Información y asesoramiento
La novedad ahora es la ampliación de este servicio por parte de algunas instituciones públicas, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales, que ofrecen asesoramiento gratuito sobre cuestiones que se escapan a las contempladas por la citada normativa. En el caso de Madrid, la Consejería de Inmigración y Cooperación cuenta con un servicio gratuito de asesoría jurídica a través de Internet, en el que se atienden las consultas enviadas por los usuarios y usuarias. Además, se incluye un listado de consultas frecuentes con respuestas, ordenadas por fecha de creación y por categorías para agilizar el proceso de información. Para realizar una consulta, es necesario cumplimentar un formulario de registro.
En Castilla y León, está prevista la firma de un convenio de colaboración entre los colegios de abogados y la Consejería de Interior y Justicia para la puesta en marcha de un programa dirigido a personas inmigrantes residentes en la región. Se trata de una iniciativa de información jurídica, que podría materializarse «durante el primer trimestre de este año» y que pretende asesorar sobre asuntos cotidianos «como los derechos laborales o prestaciones de vivienda, sanitarias y escolares», explican desde el Consejo Autonómico de Colegios de Abogados de Castilla y León.
Algunas instituciones públicas, colegios de abogados y ONG ofrecen servicios de orientación jurídica sobre cuestiones laborales, sanitarias o de vivienda
La idea es que las personas inmigrantes que necesiten resolver cualquiera de estas dudas acudan a los colegios de abogados, que dispondrán de un turno específico atendido por un profesional, cuya duración estará determinada en función de las necesidades de cada provincia. Así, en aquellas provincias con una mayor cantidad de población inmigrante, se prevé que un abogado esté disponible durante toda la jornada, mientras que en el resto se establecerá un horario de acuerdo a la demanda. La finalidad es asesorar e informar sobre los recursos legales existentes, trámites, plazos o cualquier tema que les pueda interesar.
Otra posibilidad es acudir a organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, que cuentan con servicios de información y asesoramiento jurídico. Estas entidades suelen estar especializadas en la resolución de los trámites legales más frecuentes. Su función es la de orientar y, en caso necesario, derivar a los servicios normalizados de justicia. Por ello, a menudo se coordinan con las instituciones competentes en materia de inmigración.
Ayuntamientos pioneros
Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo mantiene desde 2001 un convenio con el Colegio de Abogados para desarrollar un programa de asesoramiento jurídico y apoyo legal. Este servicio, que se presta desde la Oficina de Atención al Inmigrante, está dirigido al «creciente colectivo de inmigrantes» que reside en el municipio y permite acceder a información relacionada con sus derechos y procesos de legalización. Las cuestiones que se resuelven hacen referencia a la situación jurídica, los permisos de trabajo y residencia, los derechos y la regularización. «El objetivo es conseguir, a través de la asistencia jurídica, la contribución a la integración social de este colectivo como parte integrante de nuestra comunidad y como usuarios de los servicios municipales», aseguran desde el Consistorio.
Algunos consistorios mantienen convenios de colaboración con colegios de abogados para contribuir a la integración social de los inmigrantes
También el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Zaragoza, mediante convenio, impulsan la Asesoría Jurídica para Inmigrantes (S.A.O.J.I.), que garantiza la asistencia, orientación jurídica e intervención profesional inmediata en todas las cuestiones relativas a extranjería. Para acceder a este servicio es requisito residir en Zaragoza y solicitar cita previa.
Otro Consistorio que cuenta con este servicio es el de Suances, en Cantabria. A través de la Concejalía de Servicios Sociales, las personas inmigrantes pueden acudir a la oficina de Asesoría Jurídica para Inmigrantes, un servicio de asesoría legal cuyo objetivo es la integración social de las personas extranjeras. Se informa sobre autorizaciones de trabajo, residencia, renovaciones y reagrupaciones familiares, además de tramitar estas gestiones «sin importar la circunstancia legal» de quienes soliciten ayuda.
