La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que el borrador de anteproyecto de la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que se ha conocido de manera extraoficial, supone un retroceso sin precedentes en esta materia en la legislación española.
CEAR critica que las trabas que un solicitante de asilo tiene para ser reconocido como tal, especialmente para que su solicitud sea estudiada de manera individual y en profundidad, «no sólo no han sido suprimidas en este anteproyecto de ley, sino que han sido consolidadas». Así, «se introduce el concepto de terceros países seguros, aquellos en los que no se justificaría pedir protección internacional, y se habilita un procedimiento abreviado sobre la inadmisión a trámite, que determina si una historia de persecución es verosímil», apunta la Comisión, que señala que tampoco se contempla que se suspenda una expulsión cuando un solicitante de asilo inadmitido presenta un recurso.
Además, desaparece el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de asilo en frontera, cuyo informe favorable dejaría de ser garantía para la suspensión del retorno. Asimismo, «se debilita el papel de las organizaciones sociales y se diluye la asistencia letrada, que queda reducida a una referencia genérica», indica CEAR.
También desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática, lo que, en el actual contexto de crecientes dificultades para siquiera tener acceso al procedimiento, constituye «una medida injustificada y de especial gravedad», según la Comisión. A ello hay que añadir la falta de concreción respecto a los programas de reasentamiento de refugiados, que son ya de «un alcance inferior al de otros países de nuestro entorno».
Figura decorativa
Si se aplica la reforma anunciada en el borrador del anteproyecto de ley, la institución del asilo se convertiría «en una figura decorativa y que acabaría con el compromiso de nuestro país en la atención a los refugiados», advierte CEAR. Así, las solicitudes en el primer semestre de 2008 han descendido un 43,48% respecto al mismo periodo del año anterior (de 4.177 personas a 2.361). Además, el 52,19% de las peticiones han sido inadmitidas a trámite y sólo se ha otorgado protección a 123 personas, un 5,03% del total de las resoluciones firmadas por el Ministro del Interior.
«De no introducirse cambios esenciales en su proceso de tramitación, estaríamos ante el final de una normativa progresista respecto a los países del entorno, lo que no sería coherente con la memoria histórica de los miles de refugiados españoles que tuvieron que buscar acogida durante un exilio muy prolongado», asegura CEAR. «Esta nueva ley reforzaría el preocupante avance de políticas insolidarias e, incluso xenófobas, en Europa, más preocupada por los intereses de los Estados que por el derecho de asilo», concluye la organización.
